CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS

Famatina-Chilecito, Pcia. de la Rioja, Julio de 2006.-

NOSOTROS, LOS VECINOS AUTOCONVOCADOS DE FAMATINA Y LA COORDINADORA DE ASAMBLEAS POR LA VIDA DE CHILECITO, JUNTO CON LAS AUTORIDADES QUE ASÍ LO MANIFIESTEN, Y LAS FUERZAS VIVAS DE AMBOS DEPARTAMENTOS, REUNIDOS EN ASAMBLEA EL DIA 20 Y 22 DE JULIO DE 2006 – AMPARADOS EN ÉL ARTICULO 41, 42 Y CONCORDANTES DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL – PRESENTAN AL LOS SEÑORES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA Y DE LA NACION, AL SENADO, AL GOBERNADOR, AL VICE GOBERNADOR, AL OBISPADO DE LA RIOJA, ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, Y ANTE EL INTENDENTE DE CHILECITO EL SIGUIENTE DOCUMENTO:

Conscientes de estar frente a una determinación gubernamental, amparada por las leyes nacionales y provinciales que favorecen la explotación minera a cielo abierto a cargo de empresas mineras transnacionales, como la Barrick Gold Corporation en este caso en el denominado Proyecto Famatina, cuyas consecuencias en un futuro cercano serán desastrosas para todo el Valle Antinaco – Los Colorados y con influencia en gran parte de la provincia por el uso excesivo de la escasa agua que posee la región y por la contaminación de las napas y acuíferos del suelo y del aire con los componentes químicos que utilizan para extraer los minerales, lo cual se ha verificado en las explotaciones existentes en otras provincias. Solicitamos y exigimos el respeto de nuestro medio ambiente y la no entrega discriminada a capitales extranjeros de nuestro patrimonio dejándonos un paisaje destruido, contaminado y sin posibilidades de desarrollo sustentable sin el mínimo control que establece la Ley General de Medio Ambiente N° 25.675 y que determina en su Articulo 2°:
ü Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas.
ü Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria.
ü Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión.
ü Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales.
ü Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos.
ü Asegurar la conservación de la diversidad biológica.
ü Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo.
ü Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal.
ü Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma.
ü Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional .
ü Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental.
Este es el marco jurídico que el derecho positivo argentino ha establecido y al que -todos los habitantes y operadores de recursos naturales- debemos adecuar nuestras actividades y a la vez exigir que nuestros representantes gubernamentales hagan respetar para no incidir negativamente en el medio ambiente.
Señores gobernantes sabemos de qué estamos hablando porque, ante la desinformación oficial, ante la inercia demostrada por los representantes elegidos por el pueblo, nosotros investigamos y nos informamos. Sabemos lo que se conoce
como Gran Minería es la actividad extractiva de minerales en yacimiento de mucho volumen, para lo cual se requiere una gran inversión económica y energética, además, de un considerable consumo de agua. En cuanto al medio ambiente, la Gran Minería es la actividad industrial más agresiva tanto en lo ambiental como en lo social y cultural.
Los habitantes de Famatina, Chilecito y de los Departamentos vecinos que comienzan a movilizarse- sabemos que para la obtención de minerales –oro, plata, cobre y otros minerales, generalmente no declarados que componen lo que se denomina “tierras raras ”– se realiza a partir de procesos de lixiviación con cianuro de sodio. Este proceso dejará un cóctel letal de residuos en el Cerro el Famatina donde nacen las aguas del Valle Antinaco – Los Colorados, en tanto las barras de metal Doré saldrán por los puertos argentinos o chilenos, hacia el extranjero.
Señores de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de la Rioja, queremos decirles también que, con el afán de informarnos, averiguamos que el invento de lixiviar es una simpleza que impresiona: Consiste en moler montañas y atrapar en soluciones de cianuro de sodio -a veces combinadas con cal- el oro, la plata y otros metales. Merced al cianuro se hace rentable extraer minerales de baja ley (grandes extensiones con escasa existencia de minerales), pero si se quiere hacer lo mismo con el cobre debe intervenir el ácido sulfúrico. Del cualquier forma, el “ revolucionario ” sistema consiste en lixiviar los minerales es como regar con una solución de cianuro de sodio enormes cúmulos de material, gigantescas plataformas o piletas de varios kilómetros cuadrados donde se depositan las “pilas”, previamente forradas con membrana que deberían garantizar impermeabilidad, pero que terminan filtrando los compuestos tóxicos, ya sea por fallas de fabricación, por desprendimiento de bloques de hielo sobre las piletas, por inundaciones, por lluvias, por el peso de fuertes nevadas o debido a la propia corrosión y uso; sin contar los derrames por negligencia empresaria, válvulas mal cerradas, malformaciones de los suelos elegidos donde asientan las piletas o plataformas, o por movimientos sísmicos que literalmente sacudirán las membranas aislantes como si fueran de papel.
Este método tan simple y tan efectivo -tan redituable para las empresas- implica la devastación para los pueblos donde se instala la explotación minera a cielo abierto. Es lo que ocurrirá con los cultivos del Valle Antinaco - Los Colorados que se verán afectados por contaminantes de la minería y muchos de sus productos verán restringida su demanda en los mercados de consumo y de exportación, como ya ocurrió con ochenta mil botellas de vino orgánico del valle Itata (Chile) que fueron rechazadas por Suecia a causa de la perdida de imagen internacional del Valle de Itata por la instalación del Complejo Forestal Industrial Nueva Aldea de Celulosa Arauco (CELCO). Lo que demuestra que si permitimos que la Barrick Gold Corporation o cualquier otra empresa minera se instale e inicie la explotación a cielo abierto, mediante el proceso de lixiviación con soluciones de compuestos químicos, estaremos dando lugar a que se implementen negociados escondidos por la falta de reglamentación adecuada de las leyes de Minería y Medio Ambiente que entregan el patrimonio nacional y los recursos naturales a cambio de promesas de puesto de trabajo –inevitablemente transitorio y de baja calificación- a una mínima parte de la población y sin controles fehacientes sobre la contaminación y el uso de recursos tales como el agua.
Cuándo nos preguntamos ¿Qué nos quedara? La respuesta es: Un saldo que se compone de cráteres abandonados, glaciares destruidos, lagunas artificiales envenenadas, cursos de ríos sembrando químicos y metales pesados, aire contaminado, tierras inutilizables o sospechadas de serlo y finalmente, el desierto. Es lo que ofrece la minería: desiertos y desolación. Esta es la realidad de la minería en América Latina, en nuestro país (Catamarca y San Juan son ejemplos) y es lo que nos proponen los proyectos mineros riojanos. Sabemos también que los estudios de impacto ambiental que se realizan son llevados a cabo por empresas multinacionales que trabajan en forma conjunta con las mineras y el control del Estado Nacional no existe y el del Estado Provincial parece formar parte del que presenta la propia minera.
Lo señalado se fundamenta también en estudios de la Agencia de Protección Ambiental del gobierno norteamericano (EPA por sus siglas en ingles) que afirma: “ la industria minera es una de las primeras causas de contaminación de cursos de agua en
Estados Unidos”. Un informe del Intrepress Thirol World News Agency (IPS), documenta que: “un 40% de cursos de agua están contaminados en el oeste norteamericano, de acuerdo con el centro de Politica Mineral”.
. El documento señala además el trágico caso de la mina Zortman-Landusky, en Montana, donde: “ varias filtraciones y derrames accidentales ocurrieron desde el inicio de sus operaciones en 1979”. La EPA y dos tribus indígenas demandaron a la empresa por contaminar los arroyos y cursos subterráneos con cianuro y por problema con pérdida de ácido a causa de la extracción de oro. En Montana se prohibió finalmente la explotación a tajo abierto y el uso de compuestos químicos como el cianuro de sodio; entre otros, mientras tanto, el gobernador de Wisconsin, Tommy Thomson, resolvió que antes de permitir la actividad minera con estos compuestos químicos, las empresas deberán demostrar con pruebas concluyentes que hubo otros emprendimientos mineros operando con sistemas de lixiviación durante por lo menos diez años de explotación y otros diez permaneciendo cerrados, y que en ese transcurso no hayan producido contaminación alguna. Posiciones semejantes sostienen los gobernadores de Michigan, Juan Engler, y de New York, George Pataki, entre muchos otros.
Nos preguntamos ¿si esto ocurre en Estados Unidos porque no puede suceder lo mismo en Argentino o en Perú? Hacemos referencia a Perú porque precisamente la Barrick Gold publicista que mina Pierina es un ejemplo limpio de extracción, cuando en realidad la empresa y el gobierno peruano trazaron una alianza basada en la ley del silencio y del garrote. En nuestro país las consecuencias ya son palpables en Mina Bajo La Alumbrera –cuyo efecto contaminante ya llego a Río Hondo, Santiago del Estero- y El Veladero, San Juan –que ya deja a Jachal sin agua y contaminada-. A pesar de la censura oficial para que el pueblo argentino no se entere de lo que esta sucediendo, la información se filtra, la gente se entera, el pueblo sospecha que si tanto se oculta es porque no habrá beneficios y, en realidad, empeora la calidad de vida.
Es lamentable comprobar que nuestros representantes muchas veces son complices de este tipo de acuerdos. Sabido es que la familia del actual presidente de los Estados Unidos es accionista de algunas empresas mineras, como la Barrick Gold Corporation. Para muchos este fervor hacia la industria extractiva confirma buena parte de las “relaciones carnales” con su amigo Bush, de las que siempre se ufanó el ex presidente argentino Carlos Saúl Menem. Fue precisamente durante la gestión Menem que tuvo lugar la promulgación de las leyes mineras más perjudiciales para los intereses del país y del pueblo argentino por la falta de reglamentaciones adecuadas y porque los representantes del pueblo –diputados y senadores- votaron sin pensar en el país. Nos referimos al:
- CODIGO DE MINERIA DE LA NACION, según el T.O. por decreto PEN 456/97,
- LA LEY N° 24.196/93 DE INVERSIONES MINERAS,
- LA LEY N° 24.224/93 DE REORDENAMIENTO MINERO,
- LA LEY N°24.227/93 DE CREACION DE LA CONISION BICAMERAL DE MINERIA,
- LA LEY N°24.228/93 DE RATIFICACION DEL ACUERDO FEDERAL MINERO,
- LA LEY N°24.402/94 DE FINANCIAMIENTO Y DEVOLUCION DEL IVA.
- LA LEY N°24.498/95 DE ACTUALIZACION MINERA,
- LA LEY N°24.585/95 DE PROTECCION AMBIENTAL EN MATERIA MINERA (INCORPORADA AL CODIGO DE MINERIA DE LA NACION),
- LA LEY N° 24.051/92 DE RESIDUOS PELIGROSOS,
- LA LEY 24.523/95 DE SISTEMA NACIONAL DE COMERCIO MINERO,
- LA LEY N°25.161/99 DE INCORPORACION DEL ARTICULO 22 BIS A LA LEY DE INVERSIONES MINERAS,
- LA LEY N° 25.243/00 DE RATIFICACION DEL TRATADO DE INTEGRACION Y COMPLEMENTACION MINERA CON CHILE.
El de las empresas mineras es el único régimen de excepción en el que el IVA se devuelve en 60 días y el combustible líquido no paga impuesto permitiéndoles abonar aproximadamente $0,50 centavos el litro de gasoil. También están exentas del impuesto al
cheque, tampoco están obligadas a liquidar las divisas en el país. Y solo generan un puesto
de trabajo por cada millón de dólares que invierten. Por otra parte las regalías que supuestamente deben llegar al 3% nunca se hacen efectivas y si alcanzan 1,5% el país debe darse por satisfecho a diferencia de la contaminación que llega al 100%. Si esto no es estar subsidiada por el estado, si esto no es vender la patria al mejor postor queremos que nos expliquen ¿qué es?.
En la Provincia de La Rioja y como habitantes de las zonas directamente afectadas por la minería, los pobladores famatinenses reclamamos ser escuchados. Es indispensables que seamos los propios vecinos los que decidamos sobre nuestra forma de vida y desarrollo sustentable. Queremos ser consultados, saber cuales son las decisiones que toma el gobiernos provincial -como nuestro representante- sobre este tema que nos tiene como protagonistas principales. Asimismo, solicitamos al Poder Ejecutivo Provincial la reglamentación de la Ley 7.801 en su totalidad y no solo la de algunos artículos que beneficien a unos pocos.
- En sintesis, basándonos en los siguientes fundamentos:
1.-Queda probado que estamos en presencia de un ecosistema sumamente frágil.
2.- Pruebas científicas determinaron que gran parte de los cursos de agua arrastran arsénico que se halla dentro de la eutroficación natural del ecosistema y que al movilizar mas material mediante el sistema de extracción a utilizar (voladuras y lixiviación) provocara mayor índice de arsénico, eutroficación cultural, y mayor daño aguas abajo imposible de evitar por la empresa minera aunque lo intentara.
3.- El sitio aludido es paradigma del nacimiento de las aguas de las altas cuencas hídricas. El Valle Antinaco- Los Colorados no cuenta con precipitaciones pluviales de relevancia viven a expensa de los cursos de agua que bajan de los cerros del Famatina.
4.-Todos los emprendimientos mineros semejantes, nacionales y extranjeros, experimentaron contaminación de suelos, agua y aire.
5.- Este sistema extractivo esta siendo prohibido en todo el primer mundo.
6.-El material particulado en el aire, merced a las voladuras es una de las mayores fuentes de intoxicación y contaminación irreversible en la cadena trófica del ecosistema.
7.- La movilización de metales pesados fruto del sistema extractivo a utilizar, genera nuevos compuestos químicos letales en la cadena trófica a través de la acción sinérgica de los mismos.
8.- La política extractiva minera goza de los atributos cedidos por un paquete de leyes que entregan el patrimonio nacional; el país permite la enajenación de sus recursos naturales y encima paga para que se los lleven.
9.- La minera anuncia un solo camino pero omite denunciar que son ciento de miles de kilómetros de laberínticas rutas, lo suficientemente anchas como para que circulen camiones de gran porte, destruyendo paisaje y generando desertificación.
Estos fundamentos cuentan con la adhesión de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE), integrada por mas de ochenta organizaciones ambientalistas de todo el país. Cuenta además con el apoyo de numerosos vecinos de distintos puntos del país que se expresan contra este sistema de extracción minera.
Señores, este es el reclamo que el pueblo de Famatina y de Chilecito, amparado por la Constitución Nacional y Provincial, le hace a usted como su representante.
Firmamos este documento con el ánimo de compartir responsabilidades y evitar el saqueo y contaminación de nuestra provincia tema que debe ser prioritario tanto como para el pueblo como para el gobierno. Es una obligación que sentimos como propia. Como pueblo queremos determinar nuestro destino y pretendemos ser parte de la decisión que el gobierno tome en defensa de la vida.

FRENTE AL DEBATE DE LOS SUPERPODERES

Fundamentos para un Compromiso del Parlamento y del Ejecutivo Nacional
Por Claudio Lozano
Buenos Aires, 5 julio de 2006
No es cierto que la Republica muere ante el denominado "proyecto de los superpoderes", agoniza hace tiempo por los 14 millones de pobres que tiene nuestro pais. Es cierto que al eximir al Poder Ejecutivo del articulo 37 de la Ley de Administracion Financiera y del 15 de la ley de Responsabilidad Fiscal, este podra modificar el destino de los recursos que el Parlamento establezca (Ej.: podra, si quiere, destinar recursos autorizados para salud hacia otros rubros, por ejemplo, Educacion; o podra también transformar partidas salariales en aportes a una obra de infraestructura; podría incluso asumir gastos sin contrapartida de recursos). Es cierto también que el Proyecto al implicar una delegación permanente de facultades sin objetivos precisos, plantea abiertamente una contradicción con el texto Constitucional que no solo delega en el Parlamento la potestad para decidir sobre el destino de los recursos públicos, sino que además le prohíbe al Congreso Nacional delegar sus facultades sin plazos y objetivos definidos.
Podra decirse, que el Ejecutivo no ha hecho abuso de las facultades que se le delegaron en el 2004 y el 2005 y que los fondos administrados vía "superpoderes" no son significativos. Efectivamente, este no ha sido el mecanismo central a la hora de administrar recursos sin control parlamentario.
La estrategia real fue otra. Consistio en presentar presupuestos "dibujados" con pautas de recaudacion deliberadamente bajas y que luego en la realidad, terminaban siendo superadas. Se presupuestaba recaudacion por $100, luego se obtenian recursos por $150, y la diferencia se administraba sin discusion. En terminos estrictos, este mecanismo permitio administrar $13.400 millones en el 2004; $10.700 millones en el 2005 y casi 9.000 millones este año. Practicamente $34.000 millones en tres años o, lo que es lo mismo, el 40% del Presupuesto de la Administracion Nacional. En todos los casos, estos excedentes presupuestarios se administraron en base a Decretos de Necesidad y Urgencia que se transformaron, asi, en verdaderos instrumentos de creacion de recursos que el Parlamento jamas autorizo para su gasto. Es interesante observar que el Proyecto de Superpoderes que el Ejecutivo ha puesto en discusion sigue reservandole al Parlamento la facultad de "fijar el monto total presupuestado". _ Casualmente, lo que via DNU el Ejecutivo violento en los ultimos años. Por cierto, de mantenerse la situacion como hasta ahora, o con un regimen donde los DNU adquieran legalidad si el Parlamento no los discute (es decir si la bancada mayoritaria decide no hacerlo), el Ejecutivo obtendría con los DNU y este proyecto el manejo absoluto de la administración Presupuestaria.
Hacerse cargo en profundidad del debate politico que este tema plantea implica considerar dos cuestiones:
Que el remanido tema de la transparencia institucional debe ser puesto en linea con lo "sustancial", es decir, con el destino de los recursos.
Que la posibilidad de que este proyecto no solo exista sino que se apruebe, descansa en el profundo deterioro del sistema politico institucional y en particular del Parlamento. Dicho con mas claridad, "nadie cree que si el Parlamento debate la asignacion de recursos publicos, esto mejore la situación". Este es el problema.
Respecto al primero de los puntos es indispensable aclarar que la mayor parte de los excedentes presupuestarios tuvieron por destino el pago de deuda pública en línea con el objetivo oficial de sostener su estrategia de desendeudamiento. Debe entenderse por lo tanto que el control Parlamentario sirve en tanto y en cuanto hubiese permitido que evaluaramos si era conveniente elevar los pagos por deuda pública en un contexto donde el pais tiene 7.500.000 de pibes en situacion de pobreza.
Probablemente hubieramos podido coincidir que en tanto la "infantilización de la pobreza" pone en cuestión el futuro de la Argentina, "postergar deuda" para resolver el tema de la niñez hubiese sido una inversión más adecuada. _ Corresponde preguntarse por cierto cuantos de los que hoy se "desgarran las vestiduras" con este proyecto y lo minimizan ubicando el debate en terminos electorales (el gobierno con esto busca potenciar sus candidatos), estarian dispuestos a optar por los pibes de nuestro pais poniendole un limite a los acreedores.
Respecto al segundo punto, esta claro que el deterioro institucional es tan profundo que nadie cree que el Parlamento y sus debates mejoren nada. Frente a esto es interesante destacar dos cuestiones. Por un lado, que esta situacion debilita la posibilidad de construir un sistema institucional capaz de resistir las presiones de los factores de poder que, una y otra vez, demandan recursos publicos en su favor. Que todo dependa de un sola firma, por más convicción y decisión que tal persona tenga, es sin duda un problema. Alguien podra decir que el Presidente actual es una "persona integra", otros podrán argumentar que, aun reconociendo esto, no se pudo impedir que en la primera licitación del nuevo regimen de promocion, una sola empresa se apropiara del 67% de los recursos publicos en juego. En este sentido, cuanta mayor institucionalidad haya (y no solo de la existente sino de las tantas instituciones de participación popular que es necesario promover) más facil sera defender el interés del conjunto ("el interes publico").
El otro elemento en relacion a este punto es que esto no se resuelve conformando un "frente opositor" que frene el proyecto en nombre de una supuesta transparencia que una y otra vez en mancillada por mucho de los que hoy cuestionan pero ayer demandaron poderes iguales o mayores.
El unico modo de resolver esta cuestión consiste en eludir el debate cerrado y abstracto basado en el dilema "oficialismo vs oposicion", y proponer un "compromiso politico parlamentario" que convoque al Ejecutivo con dos objetivos muy precisos:
Discutir una ampliación presupuestaria que incluya los excedentes de recaudacion correspondientes al año 2006 (cerca de $9.000 millones).
Comprometernos a que esos recursos sean invertidos en politicas de promocion y atencion de la niñez pobre de nuestro pais.
Superar falsas discusiones y debatir el pais que hay que hacer es el imperativo de la etapa. ¡Nuestros pibes urgen!
*Claudio Lozano Diputado de la Nación, Integrante de la Mesa Nacional de la CTA.

Cumbre de los Pueblos por la Soberanía y la Integración sudamericana

En Córdoba los días 18,19 y 20 de julio
[6/07/2006 - ACTA] Paralela a la reunión cumbre de los Presidentes del MERCOSUR y países asociados, quienes se darán cita en la ciudad de Córdoba los días 20 y 21 de julio, se realizará una nueva Cumbre de los Pueblos por la Soberanía y la Integración Sudamericana con la participación de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos de distintos países de Sudamérica.

Los movimientos y organizaciones sociales de la región, entre los que se encuentra la CTA y el Movimiento SI de los Pueblos (antes Autoconvocatoria No al ALCA), volverán a reunirse en la ciudad de Córdoba los días 18, 19 y 20 de julio, previo a la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR. El objetivo del encuentro, según explicaron los organizadores, es “darle continuidad al proceso de lucha, debate y construcción de alternativas que hemos venido dando en la región”.

En ese sentido, explicaron que esta nueva Cumbre continuará el debate expresado en distintos encuentro previos, como la 3ª Cumbre de los Pueblos de América, realizada en la ciudad de Mar del Plata en noviembre de 2005; la Asamblea de Movimientos Sociales del Foro Social Mundial, reunida en Caracas a comienzos de este año y el último Encuentro Hemisférico de lucha contra el ALCA y por una América mejor, que se dio cita en La Habana en abril pasado.

“Nuestra realidad continental evidencia que, desde Mar del Plata a la fecha, si bien el ALCA se detuvo gracias a las masivas movilizaciones sociales, EEUU y las transnacionales han avanzado sobre Centroamérica, la región Andina e inclusive han puesto en tensión el proceso del MERCOSUR, con la intención de implementar Tratados de Libre Comercio y de Inversiones bilaterales, continuar presionando por el control de nuestros recursos y vidas en la OMC y avanzar en la militarización, como lo demuestra el ingreso de tropas norteamericanas en territorio paraguayo”, indicaron los organizadores.

A ello debe sumarse “la tirante relación bilateral entre los gobiernos de Argentina y Uruguay por la instalación de las pasteras, la sacudida producida por la nacionalización de los Hidrocarburos en Bolivia y la intervención de las Instituciones Financieras Internacionales en la Región, como en el caso del Sistema del Acuífero Guaraní”.

Una Cumbre con compromiso

Las organizaciones que se darán cita en Córdoba reafirmaron sus “principios y compromisos” y consideraron imprescindible “convocarnos a realizar esta Cumbre para dar continuidad a los ejes y foros temáticos desarrollados en los encuentros anteriores, priorizando la construcción de alternativas desde y para los pueblos, acompañando propuestas que representen este pensar, como la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) o los Tratados Comerciales de los Pueblos (TCP)”.

La Cumbre de Córdoba también se enmarcará en el camino de preparaciones para la Cumbre Social de la Integración de los Pueblos, a realizarse en Santa Cruz de Bolivia, en diciembre próximo, paralela a la Reunión Cumbre de los Presidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Los ejes para trabajar en talleres, comisiones, foros y plenarios, serán los siguientes: No a los Tratados de Libre Comercio, Sí a las Alternativas de los Pueblos; No a la Deuda Externa, Sí a la independencia económica con soberanía financiera; No a la Militarización y la Doctrina de Seguridad Continental, Sí a la Soberanía popular y la autodeterminación de los pueblos; No a la desigualdad del Hambre y la Pobreza, Sí a la Distribución de la Riqueza”, entre otros.

Algunas de las organizaciones que convocan son: el Movimiento SI de los Pueblos, de Argentina, que la CTA integra; la Alianza Social Continental (Región Sur) y la Campaña Continental contra el ALCA (Región Sur).

Finalmente, explicaron que el día 20, luego de dos jornadas de intenso debate, se realizará una movilización por las calles de la ciudad y se entregará a los Presidentes allí reunidos las conclusiones y propuestas elaboradas en dicha Cumbre.