El viernes dos hechos pusieron en el centro de la escena la particular concepción de la Justicia que reina en la provincia. Mientras, la dirigente ambientalista, Carina Díaz Moreno fue citada y detenida en forma expeditiva, por una causa sospechada de ser armada por funcionarios provinciales. Aún permanecen impunes y sin sanción, las abundantes denuncias sobre las violaciones a la ley electoral, que salpican a las principales autoridades de la provincia. La República, la Democracia y los anhelos de libertad, fraternidad e igualdad están heridos de muerte.
La criminalización de la protesta, es un claro intento intimidatorio ejercido por el Estado para acallar las voces disidentes respecto del discurso único que se elabora en la Casa de las Tejas y se distribuye a tráves de la mayoría de los medios de comunicación provinciales.
Pero para su liberación fue precisa la intervención de un abogado, quien presento a través de la burocracia judical el pedido de excarcelación. El cual fue inmediatamente autorizado por el juez Ramos.
En realidad el objetivo ya estaba cumplido era demostrar el poder del ejercicio de la violencia legítimada desde el Estado en contra de un ciudadano.