Esta semana, por ejemplo, las organizaciones internacionales que concurrieron a Italia insistieron, a través de un documento, que sin ellas los gobiernos no tendrán ninguna “capacidad de impacto”, y que la verdadera salida a la situación actual requiere herramientas “absolutamente innovadores y originales”, que desafíen las reglas del mercado y de la religión liberal”.
En el comunicado de las organizaciones –representantes de agricultores, pescadores artesanales, pueblos indígenas, pastores, mujeres y jóvenes rurales-, recuerdan que se ha desarrollado un “largo proceso” de consultas internas en todos los continentes, con el apoyo del CIP (Comité Internacional para la Soberanía Alimentaria) para desarrollar una versión propia de las directrices.
Entre los puntos que se intentaron negociar con los gobiernos, vale destacar algunos, como la protección de las comunidades locales de las amenazas al “acceso seguro” de las tierras agrícolas; la redistribución de la tierra a los pequeños productores de alimentos y la necesidad de poner límites a la propiedad privada de la tierra.
También pusieron sobre la mesa otros puntos como la necesidad de fortalecer los derechos de acceso a la tierra de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales; garantizar un permanente monitoreo por parte de los Estados en la aplicación de las Directrices; así como el fortalecimiento de los mecanismos la rendición de cuentas y capacidad de respuesta de los Estados frente al cambio climático, los desastres naturales y los conflictos violentos.
“La lucha por un cambio profundo en las políticas generales sobre la tierra, la alimentación y la agricultura sigue siendo un largo y difícil, y los resultados no son evidentes”, señalan en el documento.
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