Ingresos, salarios y Convenios Colectivos en Argentina 2006

Por: Claudio Lozano - Ana Rameri - Tomás Raffo (especial de ARGENPRESS.info)
El diputado Claudio Lozano y su equipo acaban de publicar un exhaustivo informe sobre la desigualdad distributiva en Argentina. A continuación se reproduce el trabajo.

Síntesis y conclusiones

El material que ponemos en consideración permite sacar un conjunto de conclusiones de interés frente al debate actual sobre ajustes salariales, convenios colectivos y recomposición necesaria de la población se plantea:

1) La canasta familiar (para una familia tipo) ascendía (según INDEC) a finales del 2005, a $2.207,7.

2) El ingreso promedio de los ocupados (también a finales del 2005) ascendía a $722. Es decir, representaba el 32,7% de la canasta necesaria.

3) Obsérvese que los $722 son inferiores (-17%) incluso a la canasta considerada para definir la línea de pobreza de un hogar tipo ($860).

4) Pese a que el nivel de actividad económica del año 2005 es un 5,8% superior al obtenido en el año 1998 (año en que comienza la crisis) la relación entre la canasta necesaria y el ingreso promedio no sólo no se ha recompuesto sino que ha empeorado. En aquel momento la canasta ascendía a $1.292 y el ingreso promedio de los ocupados era de $533,2, es decir un 41% del valor de la citada canasta.

5) A los valores de finales del 2005, un hogar donde los dos adultos perciban $722 y además reciban $60 por asignaciones familiares, tendría un ingreso total de $1.564, es decir un 30% inferior a la canasta necesaria. Demás está decir que lo expuesto se funda en supuestos muy optimistas. Difícilmente puedan tener trabajo los dos adultos con una tasa de desempleo del 12,7%.

6) Así las cosas y poniendo como necesaria una canasta de $2.207, debería incrementarse el ingreso promedio en un 45% para llevarlo a $1.045, debería reducirse la tasa de desocupación para que ambos adultos trabajen y habría que generalizar las asignaciones familiares al conjunto de los trabajadores. Sólo así, el ingreso promedio de los hogares alcanzaría el valor de la canasta.

7) Los valores promedio presentados pueden desagregarse. Así el salario promedio de los registrados ($1.072) permite que trabajando los dos en blanco y cobrando las asignaciones alcancen el valor de la canasta. Sin embargo, el ingreso de los cuentapropistas ($632) indica que un hogar conformado por estos se encuentra 42,7% abajo del valor de la canasta. De igual modo, para el caso de los no registrados cuyo ingreso es de $391, el hogar podría ubicarse un 64,5% abajo del ingreso necesario.

8) Las situaciones expuestas son sólo algunas de las 25 posibles que este material considera en la conformación del hogar. Así podrá observarse que solo una de las 25 posibilidades logra alcanzar el valor de la canasta necesaria (es el caso de que ambos integrantes del hogar sean asalariados formales; la posibilidad menos concreta en el contexto de que el 60% de la fuerza laboral está precarizada). Las restantes posibilidades requerirían un incremento de los ingresos de los hogares que oscilan entre un 25,1% y un 1372%.

9) Como consecuencia del cuadro expuesto, la Distribución del Ingreso indica que la participación de los ingresos populares en el total del PBI no supera el 27%, no se ve fraccionada en términos sustantivos pese a la alta tasa de crecimiento económico y sigue ubicada más de cinco puntos por debajo de los niveles que tuviera en el año 2001.

10) La desigualdad distributiva se sostiene en el marco de un proceso donde la expansión de la productividad no se traslada al incremento de los salarios. Así, en el sector industrial mientras la productividad creció un 12,4% en el período 2001-2005, el salario real sólo se incrementó un 0,4%. Contexto en el cual las empresas exhiben una reducción del 35,9% en sus costos laborales.

11) A su vez, para las 1000 empresas más grandes del país, la masa salarial total representa el 25,6% del valor agregado. Es decir, que el 74% constituyen ganancias líquidas o superávit bruto de explotación.

12) Para el caso de las 100 más grandes la masa salarial representa apenas el 17,9% del valor agregado.

13) Las 1000 empresas más importantes emplean sólo a 609.243 asalariados que representan apenas el 10,3% de los 5.914.594 asalariados registrados, el 5,6% de los 10.948.395asalariados totales, sólo el 4% de los 14.698.461 ocupados y apenas el 3,7% de los 16.335.578 que integran la PEA urbana.

14) La productividad anual de cada asalariado ocupado en las 1000 empresas más grandes asciende a $120.000. Con tal productividad la remuneración promedio que para dichos trabajadores se ubica en $2.379 podría ascender a $9.280. En el caso de las primeras cien empresas donde la productividad anual por trabajador es mayor ($200.000) la remuneración promedio que se ubica en $2.669 podría llegar a $15.000. Los números indican que los trabajadores de las principales empresas, si bien son los mejor pagos en el universo de los trabajadores, al mismo tiempo como discuten sus condiciones de empleo en el marco de un mercado laboral signado por el desempleo, la informalidad y la ilegalidad, al tiempo que la ausencia de “libertad sindical” les pone obstáculos a su organización, terminan siendo también los que presentan las mayores tasas de explotación laboral.

15) Las primeras cien empresas ganan por mes el equivalente a 12.203 sueldos promedio.

16) Las primeras cien empresas ganan por minuto más que lo que perciben como ingreso promedio los ocupados en la Argentina.

17) Por lo expuesto, queda claro que la expansión de la productividad y de los beneficios en las grandes empresas permite incrementar los salarios sin ningún riesgo en materia inflacionaria.

18) La amenaza inflacionaria y la fijación de pautas salariales que apenas si compensan el ritmo inflacionario (aumentos del 19% frente a una inflación promedio del 12% y una previsión para alimentos que no baja del 15%) actúan como instrumentos de disciplinamiento que preservan las ganancias extraordinarias obtenidas por las grandes empresas (núcleo central de la “competitividad” de la economía argentina) y que impiden que los asalariados mejoren su participación en el ingreso.

19) Sólo 2.402.088 trabajadores están involucrados en las negociaciones colectivas. Apenas el 14,7% de la fuerza laboral urbana.

20) Si quienes discuten salarios representan una franja ínfima de la fuerza laboral; si además lo hacen en condiciones de restricción tales que les impiden discutir las ganancias extraordinarias de las empresas y no existen políticas públicas de “alcance universal” que permitan mejorar la situación del 85% restante de la fuerza de trabajo; queda claro que la estrategia en vigencia carece de política alguna dirigida a modificar la distribución del ingreso heredada del colapso de la convertibilidad y la salida devaluacionista.

21) Más allá de las consideraciones expuestas, la historia argentina previa a 1976 exhibía relaciones históricas entre canasta familiar, salario básico de convenio y salario mínimo que ubicaban el salario básico de convenio en el 80% de la canasta familiar y al salario mínimo en un 60% del básico. Si aplicáramos este criterio a la situación actual esto indicaría que el promedio del salario básico de convenio correspondientes a las distintas actividades debería rondar los $1.766 y el salario mínimo los $1.060. Los datos consignados en materia de beneficios y productividades demuestran claramente que las grandes empresas están en capacidad de pagar esto y más

22) Paradojalmente la preocupación absolutamente infundada que las grandes empresas plantean respecto al impacto que los aumentos salariales podrían tener, es un indicador más que para las mismas el salario como fuente de demanda ha perdido relevancia para su estrategia económica. Por otro lado, quienes se beneficiarían de una mayor demanda popular, exhiben problemas serios para absorber los aumentos salariales (Ej.: pequeñas y medianas empresas, economías regionales). Sólo podrían asumirlos si hubiera un tratamiento específico en términos tributarios, financieros, comerciales, tecnológicos, etc.

23) La distribución del ingreso no puede ser entonces, un apéndice o parche del modelo de concentración vigente. Requiere, para ser posible, de un replanteo integral que involucre al conjunto de la política económica.

24) Es casi una verdad de perogrullo pero un régimen que mantenga una elevada concentración de los medios de producción, que se sostiene en una estructura productiva con altos niveles de desarticulación y con un mercado laboral donde más del 60% de la fuerza laboral está precarizada, sólo puede reproducir desigualdad.

Si se asocia el costo de vida con la canasta que necesita una familia tipo, compuesta de matrimonio y dos hijos en edad escolar para Capital y Gran Buenos Aires (que es la información que releva el INDEC), la reproducción de sus condiciones de vida requería a finales del 2005 $2.207,7.

Por otro lado el ingreso promedio de los trabajadores (incluye el salario de los asalariados y los ingresos de los cuentapropistas) para el 4to trimestre del 2005 (último dato disponible) es de $722. Es decir el ingreso promedio representa apenas el 32,7% del costo de vida del hogar. Asumiendo que trabajen los dos mayores, supuesto optimista en un contexto en que la tasa de desocupación es del 12,7%, y que perciben la asignación familiar de $60 por hijo (supuesto también optimista porque las asignaciones sólo la perciben los asalariados registrados), el ingreso total de la familia promedio ascendería a $1.564. Es decir, con los supuestos optimistas que hemos realizado, el ingreso familiar estaría casi 30% por debajo del valor de la canasta necesaria. Ver cuadro Nº 1.

Cuadro Nº 1: Canasta Necesaria para la familia tipo, ingreso promedio de los ocupados, asignaciones familiares e ingreso total familiar promedio. En pesos de 2005.



No está demás recordar que la situación actual refleja un deterioro respecto del año 1998. En aquel entonces el valor de la canasta necesaria era de $1.292 mientras el ingreso promedio era de $533,2. Es decir el ingreso promedio representaba el 41% del valor de la canasta. Asumiendo que trabajasen los dos adultos y con el valor de las asignaciones familiares (de $40 en aquel entonces), el ingreso total familiar ascendía a $1.146,4. Es decir tampoco en aquel entonces el promedio de trabajadores llegaba a cubrir el valor de la canasta, pero la distancia que lo separaba era menor: era del 11,3% respecto al 30% actual. Este empeoramiento ocurre en un contexto en que el nivel de actividad económica es superior en un 5,8% al del año 1998. Ver cuadro Nº 2.

Cuadro Nº 2: Canasta Necesaria para la familia tipo, ingreso promedio de los ocupados, asignaciones familiares e ingreso total familiar promedio. En pesos 1998.



Para resolver el desfasaje existente el ingreso promedio debería ubicarse en $1.045. Es decir debe crecer un 45% respecto de la situación actual (ver cuadro Nº3). Esto asumiendo que los dos adultos trabajen y que todos los trabajadores perciban las asignaciones familiares. Es decir debe bajar la tasa de desempleo y universalizarse las asignaciones familiares para que el incremento del ingreso promedio del 45% permita cubrir el valor de la canasta necesaria.

Cuadro Nº 3: Canasta Necesaria para la familia tipo, ingreso promedio de los ocupados para que con las asignaciones familiares el ingreso total familiar promedio cubra la canasta necesaria. En pesos 2005.



Obviamente lo hasta aquí expuesto remite a un promedio, la realidad es más compleja. En el promedio se agregan las diferentes situaciones que atraviesan los asalariados formales, los no registrados y los trabajadores por cuenta propia. Desglosando estas realidades resulta que los asalariados registrados tienen en promedio un salario de $1.072 que añadiendo las asignaciones familiares que perciben alcanzan con lo justo a cubrir el valor de la canasta necesaria. En cambio la situación de los trabajadores por cuenta propia, así como de los asalariados no registrados, es diametralmente opuesta. Sus ingresos promedios son marcadamente inferiores a los de los asalariados registrados y encima no perciben las asignaciones familiares. Así los trabajadores por cuenta propia presentan un ingreso total familiar inferior en un 42,7% al valor de la canasta, mientras que los asalariados no registrados tienen un ingreso familiar promedio casi 65% por debajo del valor de la canasta. Ver cuadro Nº 4.

Cuadro Nº 4: Canasta Necesaria para la familia tipo, ingreso promedio de los ocupados, asignaciones familiares e ingreso total familiar promedio. Según tipo de trabajador. En pesos de 2005.



Las situaciones expuestas corresponden a casos donde los dos integrantes adultos de la familia tienen la misma inserción laboral: ambos son asalariados registrados ó ambos son asalariados no registrados ó ambos son trabajadores por cuenta propia. Estos son ejemplos que la realidad se encarga de complejizar aún más.

En este sentido los integrantes adultos de una familia tipo pueden presentar una de 5 posibles inserciones en el mercado laboral:

a) Puede ser un asalariado formal. En cuyo caso el salario promedio es de $1.072 y tiene un asignación familiar de $60 por menor.

b) Puede ser un trabajador por cuenta propia. En cuyo caso el ingreso promedio es de $632,4 y no percibe asignaciones familiares.

c) Puede ser un asalariado no registrado. En cuyo caso el salario promedio es de $391,8 y no percibe asignaciones familiares.

d) Puede ser un desocupado que cobre un plan. En cuyo caso percibe una asignación de $150 y no percibe asignaciones familiares.

e) Puede ser desocupado sin plan . En cuyo caso su ingreso es 0.

Estas 5 posibilidades combinadas entre sí originan 25 posibilidades de inserción laboral del hogar. Así el ingreso promedio que puede obtener un hogar depende de la inserción laboral de cada uno de los integrantes adultos del mismo. En el cuadro Nº 5 presentamos los 25 posibles ingresos medios que perciben los hogares según el tipo de inserción de los adultos. Puede observarse que las situaciones van de un extremos en que los ingresos son de $2.264 (ambos son asalariados registrados) a una situación donde los ingresos son 0 (ambos son desocupados y no perciben el plan Jefes).

Cuadro Nº 5: Ingreso promedio de los hogares tipo según inserción laboral de los integrantes adultos. En pesos 2005.



En el cuadro Nº 6 presentamos la diferencia en pesos en que cada uno de estos 25 tipos de hogares necesitan para alcanzar el valor de la canasta necesaria. Puede observarse que sólo en el caso en que ambos sean asalariados registrados se cubre esta canasta. Está claro que está posibilidad es de todas una de las más remotas en el contexto actual donde el 60% de la fuerza de trabajo está en condiciones de precariedad laboral. Para los 24 casos restantes los ingresos del hogar no alcanza a cubrir el valor de la canasta. Para el caso en que en un hogar exista un desocupado que no percibe el plan Jefes la diferencia de ingresos con la canasta necesaria va desde $1.075,7 (en el caso en que el otro integrante sea un asalariado registrado) al valor de la propia canasta, es decir los $2.207 (en el caso en que el otro integrante esté desocupado y no cobre el plan).

Cuadro Nº 6: Diferencia entre el costo de la Canasta Necesaria de $2.207,7 y el ingreso promedio de los hogares tipo según inserción laboral de los integrantes adultos. En pesos 2005.



En el cuadro Nº 7 presentamos el porcentaje de aumentos que se requiere para que cada uno de los diversos hogares alcance a cubrir el costo de la canasta necesaria. Puede observar que el aumento de ingresos necesario es distinto según como esté compuesto el hogar. Para el caso de los trabajadores formales el aumento debería rondar una banda entre el 25,1% (si uno de ellos sea un trabajador por cuenta propia) y el 95% (si uno de ellos es desocupado). Es decir supera ampliamente la banda de entre el 16% y el 19% que se pretende imponer como techo a las discusiones salariales.

Para el caso de que el hogar tenga un trabajador por cuenta propia el aumento de ingresos debe rondar entre el 25,1% y el 249,1%. Para el caso de que uno de los integrantes sea un asalariado no registrado el aumento de los ingresos debe rondar entre el 72,2% y el 463,5%. Para el caso de que uno de los integrantes sea un desocupado que percibe el plan Jefes, el aumento de los ingresos debe ser 72,8% al 1.371,8%. Y si uno de los integrantes es un desocupado sin planes el aumento del ingreso familiar debe rondar entre el 95% y prácticamente infinito para aquellos cuyos ingresos son 0.

Cuadro Nº 7: Aumento en porcentaje que se requiere para equiparar el valor de Canasta Necesaria con el ingreso promedio de los hogares tipo según inserción laboral de los integrantes adultos. En pesos 2005.



Esta claro que existen importantes heterogeneidades de ingresos al interior de los sectores populares. Sin embargo estas heterogeneidades garantizan que el conjunto de los sectores populares hayan retrocedido en la participación de la riqueza que la Argentina produce.

En el Cuadro Nº 8 presentamos la masa de ingresos de los sectores populares para el período 2001 – 2005. Esta masa de ingresos está constituida por la masa de ingresos del conjunto de los ocupados sin patrones (los asalariados registrados, lo no registrados y los trabajadores por cuenta propia), la masa de ingresos de los trabajadores rurales, los fondos de los aportante que captan las AFJPs y la totalidad pagos de jubilaciones y pensiones que realiza el Estado.

Cuadro N º 8: Masa de ingresos total de los sectores populares desagregada. 2001 - 2005. En pesos corrientes.



En el cuadro Nº 9 presentamos la masa de ingresos de los ocupados y del conjunto de los sectores populares en proporción del PBI de cada año. Puede observarse que ambas participaciones están por debajo de la que representaban en el 2001. Así la masa de ingresos del conjunto de los ocupados representaba en el 2001el 25,4% del PBI mientras en el 2005 representa el 22,3%. Lo mismo ocurre con la totalidad de ingresos de los sectores populares: representaba el 32,5% del PBI del 2001 y actualmente representa el 26,7%. Es decir que se perdió 5,8 puntos en la participación, lo que implica un caída del orden del -21,7%. En términos de tendencia puede decirse que la caída de la participación se debe a la profunda debacle del año 2002. Iniciado el actual proceso de crecimiento económico que por 3 años consecutivos ha transitado la economía a una tasa del orden del 9% anual, la apropiación de los sectores populares de la riqueza generada tuvo una recomposición en el 2003 y a partir de ahí se tiende a mantener en torno a esta participación alcanzada.

Cuadro N º 9: Participación de la masa de ingresos de los sectores populares en el PBI a precios de mercado. Valores corrientes. 2001- 2005



Lo expuesto corresponde a la situación en que finaliza cada año (la medición corresponde a los 4tos trimestres de cada año). Si tomamos la situación promedio del año el cuadro descripto no se altera significativamente. Así la participación del ingreso de los sectores populares se mantendría por debajo de la que tenía en el 2001. Es decir se habría pasado de tener una participación del 31,5% en el PBI del 2001 a una participación del 26,3%. De esta manera la participación de los sectores populares habría retrocedido 5,2 puntos, lo que implica una caída del orden del -20%. La diferencia respecto a la anterior medición es que en el año 2004 no hay una caída en la distribución sino que mantiene la participación alcanzada en el 2003. Ver cuadro Nº 10.

Cuadro N º 10: Participación de la masa de ingresos de los ocupados urbanos (s/ patrones) en el PBI a precios de mercado. Valores corrientes. 2001- 2005.



Tampoco se altera la tendencia si al cuadro anterior lo consideramos a valores constantes del 2001. Para este ejercicio deflactamos la masa de ingresos de los sectores populares según la evolución del Indice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso la caída en la participación de los sectores populares es mayor. Pasa de representar el 31,5% del PBI del 2001 al 25,9% en el 2005. Es decir un retroceso en la participación del orden de 5,6 puntos, lo que implica una caída del -21,6%. En este caso la tendencia seguida en el marco del crecimiento económico revela que en el 2004 hay un aumento de la participación respecto del 2003 (del 25,2% al 26,1%), pero en el 2005 la participación de los sectores populares vuelve a caer (al 25,9%). Ver cuadro Nº 11.

Cuadro N º 11: Participación de la masa de ingresos real de los ocupados urbanos (s/ patrones) en el PBI a precios de mercado del 2001. Masa de ingresos deflactada por el IPC. 2001- 2005.



Idéntica tendencia pero con una caída aún más pronunciada se obtiene si la deflactación de la masa de ingresos de los sectores populares se realiza por medio de la evolución de los precios de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para el caso de los asalariados no registrados, los trabajadores rurales y las masa de jubilaciones y pensiones (pues tienen un salario / haber promedio equivalente al valor de esta canasta), por la evolución de la Canasta Básica Total (CBT) para el caso de los trabajadores por cuenta propia (pues su ingreso promedio se acerca al valor de esta canasta) y por la evolución del IPC para el resto de los ingresos que componen la masa de ingresos de los sectores populares (asalariados registrados y aportes en poder de las AFJPs).

En este caso la participación de los sectores populares paso de representar el 31,5% en el 2001 al 24,6% en el 2005. Es decir la participación de los sectores populares retrocedió 6,9 puntos, lo que implica una caída del -28%. En términos del impacto del crecimiento económico la tendencia fue a un crecimiento de la participación en el 2003 y el 2004 y a una caída leve en el 2005. Ver cuadro Nº 12.

Cuadro N º 12: Participación de la masa de ingresos real de los sectores populares en el PBI a precios de mercado del 2001. Masa de ingresos deflactadas según corresponda por CBA, CBT y IPC. 2001 – 2005.



Más allá de las diferencias respecto a la evolución de las participaciones para los años de crecimiento económico, en cualquier de las cuatro mediciones posibles la participación de la masa de ingresos de los sectores populares del 2005 refleja caída considerable con respecto a la situación del 2001. La caída ronda entre el -20% (para el caso de los promedios anuales a valores corrientes) y el -28% (para el caso de los promedios anuales deflactados según IPC, CBA y CBT). Lo que también comparten las 4 mediciones es que luego de la abrupta caída de la participación en el 2002, la recomposición más importante de la participación de los sectores populares se dio en el 2003. Es decir en el primer año de crecimiento económico donde el aumento del PBI fue del 8,8%. En el 2004 y el 2005 en un contexto en que el PBI creció más que en el 2003 (9% en el 2004 y 9,2% en el 2005) la participación de los sectores populares apenas si se mantuvo levemente por arriba del 2003. Es decir no tuvo impacto distributivo significativo.

La profundización de la desigualdad distributiva se sostiene, en el marco del proceso de crecimiento económico, en la apropiación de la productividad por parte de las empresas. Si tomamos los datos del sector manufacturero podemos observar que la situación de la primera mitad del 2005 respecto del 2001 revela que la producción creció un 24,5% y los puestos de trabajo un 10,7%; por lo que la productividad por puesto de trabajo creció un 12,4%. En este mismo período el salario real apenas creció un 0,4%. Es decir el superávit bruto de explotación por puesto de trabajo creció un 11,9%. Es decir prácticamente se apropió de toda la productividad del período. Todo esto en un contexto en que los costos laborales experimentaron una caída del 35,9% en relación al 2001. Ver cuadro Nº 13.

Cuadro Nº 13: Industria Manufacturera. Volumen Físico de Producción, obreros ocupados, salario real, productividad y costo laboral. 2001 – 2do trimestre 2005. 2001= base 100.



La caída de la participación de los ingresos de los sectores populares en el PBI y la apropiación de la productividad por parte de las empresas son los mecanismos que sostienen la expansión de las utilidades, principalmente de las grandes firmas. Al respecto en el cuadro Nº 14 presentamos los resultados provisorios que ha arrojado el operativo especial de Grandes Empresas que el INDEC ha realizado en el marco del desarrollo del Censo Nacional Económico 2004.

Los datos del cuadro permiten afirmar que

- En las 1.000 empresas más grandes del país del año 2003, la participación de la masa salarial dentro del valor agregado representa tan solo el 25,6%. Es decir que el 74,6% es la masa de ganancias líquidas de las empresas (también conocido como superávit bruto de explotación).

- Para el caso de las 100 empresas más grandes, la masa salarial representa nada más que el 17,9% del valor agregado. Así en estas 100 empresas las ganancias que se apropian representan el 82,1% del valor agregado.

- Las 1.000 empresas emplean a 609.243 asalariados que representan apenas el 10,3% de los 5.914.594 asalariados registrados, el 5,6% de los 10.948.395 asalariados, sólo el 4,1% de los 14.698.461 ocupados y el 3,7% de los 16.335.578 que componen la PEA urbana. Es decir su tracción en términos de empleo es mínimo.

- Para el caso de las 100 empresas más grandes, éstas emplean a 245.019 asalariados. Es decir el 40% de los asalariados de la cúpula.

- En las 1.000 empresas más grandes la productividad por asalariado alcanza un valor de $120 mil mientras que ronda los $200 mil para las primeras 100 empresas.

- Estas elevadas productividades no se condice con la remuneración bruta (incluye aportes y contribuciones a la seguridad social) que pagan las empresas de la cúpula. Para el caso de las 1.000 más grandes la remuneración promedio alcanza los $2.379 mensuales mientras que la productividad alcanzada permitiría pagar una remuneración promedio de $9.280. Para el caso de las primeras 100 empresas, la remuneración promedia es de $2.669 mientras la productividad alcanzada permitiría pagar una remuneración promedia de casi $15.000. Así, si bien los trabajadores de la cúpula son los mejor pagos, son también los que presentan sin dudas las mayores tasas de explotación laboral.

- Esta brutal explotación laboral se percibe con nitidez al observar las siderales ganancias de las empresas de la cúpula. Así las ganancias (superávit bruto de explotación) ascendieron en el 2003 para cada una de las 1.000 empresas en promedio a $54,6 millones; mientras que para las primeras 100 empresas las ganancias durante el 2003 fueron de cerca de $400 millones por empresa.

- Es decir que por mes el promedio de las 1.000 empresas obtuvieron una ganancia de $4.554.750 pesos. Esta ganancia equivale a 1.915 sueldos que estas empresas pagan. Para el caso de la primeras 100 empresas la ganancia por mes ascendió a $32.574.417; es decir ganaron por mes el equivalente a 12.203 sueldos promedios.

- Es decir que por minuto cada unas de las 1.000 empresas ganó $105 durante el 2003; mientras que para el caso de las primeras 100, las ganancias por minuto ascendieron a $754. Para estas últimas las ganancias promedio por minuto son superiores a los ingresos que en promedio percibía un ocupado en la Argentina en dicho año ($530). En el marco de que el año 2003 fue el año en que se operó la recomposición de la participación de los sectores populares en el PBI, es de esperar que este indicador de desigualdad se haya mantenido e incluso profundizado en el contexto del fuerte crecimiento del 2004 y 2005.

Cuadro Nº 14: Variables económicas de las empresas de la cúpula. Primeras 1.000 y primeras 100 empresas más grandes. Año 2003.



Por lo expuesto, queda claro que la expansión de la productividad y de los beneficios en las grandes empresas permite incrementar los salarios sin ningún riesgo en materia inflacionaria. Si lo hacen es porque quieren seguir manteniendo las elevadas rentabilidades que vienen obteniendo. En un contexto en que el 70% de las negociaciones colectivas se dan en el ámbito de la empresa, es decir son realizados con las empresas de la cúpula económica, no parece haber razón para que desde el Gobierno Nacional se fije como pauta de aumento salarial para la ronda de negociaciones colectivas del 2006 una banda que oscile entre un 16% y un 19%. Las grandes empresas pueden y deben pagar mucho más que eso. En rigor la pauta de aumento previsto por el Gobierno está en línea con una inflación que, si se mantiene el ritmo de aumento del primer trimestre, será del 12% anual en el nivel general y del 15% para los precios de los alimentos. Es decir, la pauta salarial fijada apenas permite una leve mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores formales pero sobre la base de mantener los aumentos de productividad, pasados y los futuros, en poder de las empresas.

La amenaza inflacionaria y la fijación de pautas salariales que apenas si compensan el ritmo inflacionario actúan como instrumentos de disciplinamiento que preservan las ganancias extraordinarias obtenidas por las grandes empresas (núcleo central de la “competitividad” de la economía argentina) y que impiden que los asalariados mejoren su participación en el ingreso.

Por si fuera poco, es una realidad incontrastable que el universo de los trabajadores contenidos en las negociaciones colectivas es una parte minoritaria de la totalidad de la fuerza laboral que tiene la Argentina. Así en el marco del crecimiento notable de las negociaciones colectivas durante el 2005 que ubicaron el nivel de negociaciones por arriba de todos los registros de los últimos 15 años, los trabajadores involucrados fueron 2.402.088 formales. Es decir el 40% de los asalariados formales. Sin embargo este conjunto representa solo el 21,9% del total de asalariados y apenas el 14,7% de la totalidad de la fuerza laboral. Ver cuadro Nº 15.

Cuadro N º 15: Asalariados incluidos en la negociación colectiva, total de asalariados formales, asalariados totales y fuerza laboral. Porcentaje de asalariados incluidos en las negociaciones. Período 2005



Así combinar una techo de entre el 16% y el 19% de aumento en el marco exclusivo de las negociaciones colectivas es una estrategia, que queriéndolo ó no, mantiene congelada e incluso puede agravar la ya injusta distribución del ingreso vigente. Si quienes discuten salarios representan una franja ínfima de la fuerza laboral; si además lo hacen en condiciones de restricción tales que les impiden discutir las ganancias extraordinarias de las empresas y no existen políticas públicas de “alcance universal” que permitan mejorar la situación del 85% restante de la fuerza de trabajo; queda claro que la estrategia en vigencia carece de política alguna dirigida a modificar la distribución del ingreso heredada del colapso de la convertibilidad y la salida devaluacionista.

Más allá de las consideraciones expuestas, la historia argentina previa a 1976 exhibía relaciones histórica entre canasta familiar, salario básico de convenio y salario mínimo que ubicaban el salario básico de convenio en el 80% de la canasta familiar y al salario mínimo en un 60% del básico. Si aplicáramos este criterio a la situación actual esto indicaría que el promedio del salario básico de convenio correspondientes a las distintas actividades debería rondar los $1.766 y el salario mínimo los $1.060. Los datos consignados en materia de beneficios y productividades demuestran claramente que las grandes empresas están en capacidad de pagar esto y más. Paradojalmente la preocupación absolutamente infundada que las grandes empresas plantean respecto al impacto que los aumentos salariales podrían tener, es un indicador más que para las mismas el salario como fuente de demanda ha perdido relevancia para su estrategia económica. Por otro lado, quienes se beneficiarían de una mayor demanda popular, exhiben problemas serios para absorber los aumentos salariales (Ej.: pequeñas y medianas empresas, economías regionales). Sólo podrían asumirlos si hubiera un tratamiento específico en términos tributarios, financieros, comerciales, tecnológicos, etc.

La distribución del ingreso no puede ser entonces, un apéndice o parche del modelo de concentración vigente. Requiere, para ser posible, de un replanteo integral que involucre al conjunto de la política económica. Es casi una verdad de perogrullo pero un régimen que mantenga una elevada concentración de los medios de producción, que se sostiene en una estructura productiva con altos niveles de desarticulación y con un mercado laboral donde más del 60% de la fuerza laboral está precarizada, sólo puede reproducir desigualdad.