Ingresos, salarios y Convenios Colectivos en Argentina 2006

Por: Claudio Lozano - Ana Rameri - Tomás Raffo (especial de ARGENPRESS.info)
El diputado Claudio Lozano y su equipo acaban de publicar un exhaustivo informe sobre la desigualdad distributiva en Argentina. A continuación se reproduce el trabajo.

Síntesis y conclusiones

El material que ponemos en consideración permite sacar un conjunto de conclusiones de interés frente al debate actual sobre ajustes salariales, convenios colectivos y recomposición necesaria de la población se plantea:

1) La canasta familiar (para una familia tipo) ascendía (según INDEC) a finales del 2005, a $2.207,7.

2) El ingreso promedio de los ocupados (también a finales del 2005) ascendía a $722. Es decir, representaba el 32,7% de la canasta necesaria.

3) Obsérvese que los $722 son inferiores (-17%) incluso a la canasta considerada para definir la línea de pobreza de un hogar tipo ($860).

4) Pese a que el nivel de actividad económica del año 2005 es un 5,8% superior al obtenido en el año 1998 (año en que comienza la crisis) la relación entre la canasta necesaria y el ingreso promedio no sólo no se ha recompuesto sino que ha empeorado. En aquel momento la canasta ascendía a $1.292 y el ingreso promedio de los ocupados era de $533,2, es decir un 41% del valor de la citada canasta.

5) A los valores de finales del 2005, un hogar donde los dos adultos perciban $722 y además reciban $60 por asignaciones familiares, tendría un ingreso total de $1.564, es decir un 30% inferior a la canasta necesaria. Demás está decir que lo expuesto se funda en supuestos muy optimistas. Difícilmente puedan tener trabajo los dos adultos con una tasa de desempleo del 12,7%.

6) Así las cosas y poniendo como necesaria una canasta de $2.207, debería incrementarse el ingreso promedio en un 45% para llevarlo a $1.045, debería reducirse la tasa de desocupación para que ambos adultos trabajen y habría que generalizar las asignaciones familiares al conjunto de los trabajadores. Sólo así, el ingreso promedio de los hogares alcanzaría el valor de la canasta.

7) Los valores promedio presentados pueden desagregarse. Así el salario promedio de los registrados ($1.072) permite que trabajando los dos en blanco y cobrando las asignaciones alcancen el valor de la canasta. Sin embargo, el ingreso de los cuentapropistas ($632) indica que un hogar conformado por estos se encuentra 42,7% abajo del valor de la canasta. De igual modo, para el caso de los no registrados cuyo ingreso es de $391, el hogar podría ubicarse un 64,5% abajo del ingreso necesario.

8) Las situaciones expuestas son sólo algunas de las 25 posibles que este material considera en la conformación del hogar. Así podrá observarse que solo una de las 25 posibilidades logra alcanzar el valor de la canasta necesaria (es el caso de que ambos integrantes del hogar sean asalariados formales; la posibilidad menos concreta en el contexto de que el 60% de la fuerza laboral está precarizada). Las restantes posibilidades requerirían un incremento de los ingresos de los hogares que oscilan entre un 25,1% y un 1372%.

9) Como consecuencia del cuadro expuesto, la Distribución del Ingreso indica que la participación de los ingresos populares en el total del PBI no supera el 27%, no se ve fraccionada en términos sustantivos pese a la alta tasa de crecimiento económico y sigue ubicada más de cinco puntos por debajo de los niveles que tuviera en el año 2001.

10) La desigualdad distributiva se sostiene en el marco de un proceso donde la expansión de la productividad no se traslada al incremento de los salarios. Así, en el sector industrial mientras la productividad creció un 12,4% en el período 2001-2005, el salario real sólo se incrementó un 0,4%. Contexto en el cual las empresas exhiben una reducción del 35,9% en sus costos laborales.

11) A su vez, para las 1000 empresas más grandes del país, la masa salarial total representa el 25,6% del valor agregado. Es decir, que el 74% constituyen ganancias líquidas o superávit bruto de explotación.

12) Para el caso de las 100 más grandes la masa salarial representa apenas el 17,9% del valor agregado.

13) Las 1000 empresas más importantes emplean sólo a 609.243 asalariados que representan apenas el 10,3% de los 5.914.594 asalariados registrados, el 5,6% de los 10.948.395asalariados totales, sólo el 4% de los 14.698.461 ocupados y apenas el 3,7% de los 16.335.578 que integran la PEA urbana.

14) La productividad anual de cada asalariado ocupado en las 1000 empresas más grandes asciende a $120.000. Con tal productividad la remuneración promedio que para dichos trabajadores se ubica en $2.379 podría ascender a $9.280. En el caso de las primeras cien empresas donde la productividad anual por trabajador es mayor ($200.000) la remuneración promedio que se ubica en $2.669 podría llegar a $15.000. Los números indican que los trabajadores de las principales empresas, si bien son los mejor pagos en el universo de los trabajadores, al mismo tiempo como discuten sus condiciones de empleo en el marco de un mercado laboral signado por el desempleo, la informalidad y la ilegalidad, al tiempo que la ausencia de “libertad sindical” les pone obstáculos a su organización, terminan siendo también los que presentan las mayores tasas de explotación laboral.

15) Las primeras cien empresas ganan por mes el equivalente a 12.203 sueldos promedio.

16) Las primeras cien empresas ganan por minuto más que lo que perciben como ingreso promedio los ocupados en la Argentina.

17) Por lo expuesto, queda claro que la expansión de la productividad y de los beneficios en las grandes empresas permite incrementar los salarios sin ningún riesgo en materia inflacionaria.

18) La amenaza inflacionaria y la fijación de pautas salariales que apenas si compensan el ritmo inflacionario (aumentos del 19% frente a una inflación promedio del 12% y una previsión para alimentos que no baja del 15%) actúan como instrumentos de disciplinamiento que preservan las ganancias extraordinarias obtenidas por las grandes empresas (núcleo central de la “competitividad” de la economía argentina) y que impiden que los asalariados mejoren su participación en el ingreso.

19) Sólo 2.402.088 trabajadores están involucrados en las negociaciones colectivas. Apenas el 14,7% de la fuerza laboral urbana.

20) Si quienes discuten salarios representan una franja ínfima de la fuerza laboral; si además lo hacen en condiciones de restricción tales que les impiden discutir las ganancias extraordinarias de las empresas y no existen políticas públicas de “alcance universal” que permitan mejorar la situación del 85% restante de la fuerza de trabajo; queda claro que la estrategia en vigencia carece de política alguna dirigida a modificar la distribución del ingreso heredada del colapso de la convertibilidad y la salida devaluacionista.

21) Más allá de las consideraciones expuestas, la historia argentina previa a 1976 exhibía relaciones históricas entre canasta familiar, salario básico de convenio y salario mínimo que ubicaban el salario básico de convenio en el 80% de la canasta familiar y al salario mínimo en un 60% del básico. Si aplicáramos este criterio a la situación actual esto indicaría que el promedio del salario básico de convenio correspondientes a las distintas actividades debería rondar los $1.766 y el salario mínimo los $1.060. Los datos consignados en materia de beneficios y productividades demuestran claramente que las grandes empresas están en capacidad de pagar esto y más

22) Paradojalmente la preocupación absolutamente infundada que las grandes empresas plantean respecto al impacto que los aumentos salariales podrían tener, es un indicador más que para las mismas el salario como fuente de demanda ha perdido relevancia para su estrategia económica. Por otro lado, quienes se beneficiarían de una mayor demanda popular, exhiben problemas serios para absorber los aumentos salariales (Ej.: pequeñas y medianas empresas, economías regionales). Sólo podrían asumirlos si hubiera un tratamiento específico en términos tributarios, financieros, comerciales, tecnológicos, etc.

23) La distribución del ingreso no puede ser entonces, un apéndice o parche del modelo de concentración vigente. Requiere, para ser posible, de un replanteo integral que involucre al conjunto de la política económica.

24) Es casi una verdad de perogrullo pero un régimen que mantenga una elevada concentración de los medios de producción, que se sostiene en una estructura productiva con altos niveles de desarticulación y con un mercado laboral donde más del 60% de la fuerza laboral está precarizada, sólo puede reproducir desigualdad.

Si se asocia el costo de vida con la canasta que necesita una familia tipo, compuesta de matrimonio y dos hijos en edad escolar para Capital y Gran Buenos Aires (que es la información que releva el INDEC), la reproducción de sus condiciones de vida requería a finales del 2005 $2.207,7.

Por otro lado el ingreso promedio de los trabajadores (incluye el salario de los asalariados y los ingresos de los cuentapropistas) para el 4to trimestre del 2005 (último dato disponible) es de $722. Es decir el ingreso promedio representa apenas el 32,7% del costo de vida del hogar. Asumiendo que trabajen los dos mayores, supuesto optimista en un contexto en que la tasa de desocupación es del 12,7%, y que perciben la asignación familiar de $60 por hijo (supuesto también optimista porque las asignaciones sólo la perciben los asalariados registrados), el ingreso total de la familia promedio ascendería a $1.564. Es decir, con los supuestos optimistas que hemos realizado, el ingreso familiar estaría casi 30% por debajo del valor de la canasta necesaria. Ver cuadro Nº 1.

Cuadro Nº 1: Canasta Necesaria para la familia tipo, ingreso promedio de los ocupados, asignaciones familiares e ingreso total familiar promedio. En pesos de 2005.



No está demás recordar que la situación actual refleja un deterioro respecto del año 1998. En aquel entonces el valor de la canasta necesaria era de $1.292 mientras el ingreso promedio era de $533,2. Es decir el ingreso promedio representaba el 41% del valor de la canasta. Asumiendo que trabajasen los dos adultos y con el valor de las asignaciones familiares (de $40 en aquel entonces), el ingreso total familiar ascendía a $1.146,4. Es decir tampoco en aquel entonces el promedio de trabajadores llegaba a cubrir el valor de la canasta, pero la distancia que lo separaba era menor: era del 11,3% respecto al 30% actual. Este empeoramiento ocurre en un contexto en que el nivel de actividad económica es superior en un 5,8% al del año 1998. Ver cuadro Nº 2.

Cuadro Nº 2: Canasta Necesaria para la familia tipo, ingreso promedio de los ocupados, asignaciones familiares e ingreso total familiar promedio. En pesos 1998.



Para resolver el desfasaje existente el ingreso promedio debería ubicarse en $1.045. Es decir debe crecer un 45% respecto de la situación actual (ver cuadro Nº3). Esto asumiendo que los dos adultos trabajen y que todos los trabajadores perciban las asignaciones familiares. Es decir debe bajar la tasa de desempleo y universalizarse las asignaciones familiares para que el incremento del ingreso promedio del 45% permita cubrir el valor de la canasta necesaria.

Cuadro Nº 3: Canasta Necesaria para la familia tipo, ingreso promedio de los ocupados para que con las asignaciones familiares el ingreso total familiar promedio cubra la canasta necesaria. En pesos 2005.



Obviamente lo hasta aquí expuesto remite a un promedio, la realidad es más compleja. En el promedio se agregan las diferentes situaciones que atraviesan los asalariados formales, los no registrados y los trabajadores por cuenta propia. Desglosando estas realidades resulta que los asalariados registrados tienen en promedio un salario de $1.072 que añadiendo las asignaciones familiares que perciben alcanzan con lo justo a cubrir el valor de la canasta necesaria. En cambio la situación de los trabajadores por cuenta propia, así como de los asalariados no registrados, es diametralmente opuesta. Sus ingresos promedios son marcadamente inferiores a los de los asalariados registrados y encima no perciben las asignaciones familiares. Así los trabajadores por cuenta propia presentan un ingreso total familiar inferior en un 42,7% al valor de la canasta, mientras que los asalariados no registrados tienen un ingreso familiar promedio casi 65% por debajo del valor de la canasta. Ver cuadro Nº 4.

Cuadro Nº 4: Canasta Necesaria para la familia tipo, ingreso promedio de los ocupados, asignaciones familiares e ingreso total familiar promedio. Según tipo de trabajador. En pesos de 2005.



Las situaciones expuestas corresponden a casos donde los dos integrantes adultos de la familia tienen la misma inserción laboral: ambos son asalariados registrados ó ambos son asalariados no registrados ó ambos son trabajadores por cuenta propia. Estos son ejemplos que la realidad se encarga de complejizar aún más.

En este sentido los integrantes adultos de una familia tipo pueden presentar una de 5 posibles inserciones en el mercado laboral:

a) Puede ser un asalariado formal. En cuyo caso el salario promedio es de $1.072 y tiene un asignación familiar de $60 por menor.

b) Puede ser un trabajador por cuenta propia. En cuyo caso el ingreso promedio es de $632,4 y no percibe asignaciones familiares.

c) Puede ser un asalariado no registrado. En cuyo caso el salario promedio es de $391,8 y no percibe asignaciones familiares.

d) Puede ser un desocupado que cobre un plan. En cuyo caso percibe una asignación de $150 y no percibe asignaciones familiares.

e) Puede ser desocupado sin plan . En cuyo caso su ingreso es 0.

Estas 5 posibilidades combinadas entre sí originan 25 posibilidades de inserción laboral del hogar. Así el ingreso promedio que puede obtener un hogar depende de la inserción laboral de cada uno de los integrantes adultos del mismo. En el cuadro Nº 5 presentamos los 25 posibles ingresos medios que perciben los hogares según el tipo de inserción de los adultos. Puede observarse que las situaciones van de un extremos en que los ingresos son de $2.264 (ambos son asalariados registrados) a una situación donde los ingresos son 0 (ambos son desocupados y no perciben el plan Jefes).

Cuadro Nº 5: Ingreso promedio de los hogares tipo según inserción laboral de los integrantes adultos. En pesos 2005.



En el cuadro Nº 6 presentamos la diferencia en pesos en que cada uno de estos 25 tipos de hogares necesitan para alcanzar el valor de la canasta necesaria. Puede observarse que sólo en el caso en que ambos sean asalariados registrados se cubre esta canasta. Está claro que está posibilidad es de todas una de las más remotas en el contexto actual donde el 60% de la fuerza de trabajo está en condiciones de precariedad laboral. Para los 24 casos restantes los ingresos del hogar no alcanza a cubrir el valor de la canasta. Para el caso en que en un hogar exista un desocupado que no percibe el plan Jefes la diferencia de ingresos con la canasta necesaria va desde $1.075,7 (en el caso en que el otro integrante sea un asalariado registrado) al valor de la propia canasta, es decir los $2.207 (en el caso en que el otro integrante esté desocupado y no cobre el plan).

Cuadro Nº 6: Diferencia entre el costo de la Canasta Necesaria de $2.207,7 y el ingreso promedio de los hogares tipo según inserción laboral de los integrantes adultos. En pesos 2005.



En el cuadro Nº 7 presentamos el porcentaje de aumentos que se requiere para que cada uno de los diversos hogares alcance a cubrir el costo de la canasta necesaria. Puede observar que el aumento de ingresos necesario es distinto según como esté compuesto el hogar. Para el caso de los trabajadores formales el aumento debería rondar una banda entre el 25,1% (si uno de ellos sea un trabajador por cuenta propia) y el 95% (si uno de ellos es desocupado). Es decir supera ampliamente la banda de entre el 16% y el 19% que se pretende imponer como techo a las discusiones salariales.

Para el caso de que el hogar tenga un trabajador por cuenta propia el aumento de ingresos debe rondar entre el 25,1% y el 249,1%. Para el caso de que uno de los integrantes sea un asalariado no registrado el aumento de los ingresos debe rondar entre el 72,2% y el 463,5%. Para el caso de que uno de los integrantes sea un desocupado que percibe el plan Jefes, el aumento de los ingresos debe ser 72,8% al 1.371,8%. Y si uno de los integrantes es un desocupado sin planes el aumento del ingreso familiar debe rondar entre el 95% y prácticamente infinito para aquellos cuyos ingresos son 0.

Cuadro Nº 7: Aumento en porcentaje que se requiere para equiparar el valor de Canasta Necesaria con el ingreso promedio de los hogares tipo según inserción laboral de los integrantes adultos. En pesos 2005.



Esta claro que existen importantes heterogeneidades de ingresos al interior de los sectores populares. Sin embargo estas heterogeneidades garantizan que el conjunto de los sectores populares hayan retrocedido en la participación de la riqueza que la Argentina produce.

En el Cuadro Nº 8 presentamos la masa de ingresos de los sectores populares para el período 2001 – 2005. Esta masa de ingresos está constituida por la masa de ingresos del conjunto de los ocupados sin patrones (los asalariados registrados, lo no registrados y los trabajadores por cuenta propia), la masa de ingresos de los trabajadores rurales, los fondos de los aportante que captan las AFJPs y la totalidad pagos de jubilaciones y pensiones que realiza el Estado.

Cuadro N º 8: Masa de ingresos total de los sectores populares desagregada. 2001 - 2005. En pesos corrientes.



En el cuadro Nº 9 presentamos la masa de ingresos de los ocupados y del conjunto de los sectores populares en proporción del PBI de cada año. Puede observarse que ambas participaciones están por debajo de la que representaban en el 2001. Así la masa de ingresos del conjunto de los ocupados representaba en el 2001el 25,4% del PBI mientras en el 2005 representa el 22,3%. Lo mismo ocurre con la totalidad de ingresos de los sectores populares: representaba el 32,5% del PBI del 2001 y actualmente representa el 26,7%. Es decir que se perdió 5,8 puntos en la participación, lo que implica un caída del orden del -21,7%. En términos de tendencia puede decirse que la caída de la participación se debe a la profunda debacle del año 2002. Iniciado el actual proceso de crecimiento económico que por 3 años consecutivos ha transitado la economía a una tasa del orden del 9% anual, la apropiación de los sectores populares de la riqueza generada tuvo una recomposición en el 2003 y a partir de ahí se tiende a mantener en torno a esta participación alcanzada.

Cuadro N º 9: Participación de la masa de ingresos de los sectores populares en el PBI a precios de mercado. Valores corrientes. 2001- 2005



Lo expuesto corresponde a la situación en que finaliza cada año (la medición corresponde a los 4tos trimestres de cada año). Si tomamos la situación promedio del año el cuadro descripto no se altera significativamente. Así la participación del ingreso de los sectores populares se mantendría por debajo de la que tenía en el 2001. Es decir se habría pasado de tener una participación del 31,5% en el PBI del 2001 a una participación del 26,3%. De esta manera la participación de los sectores populares habría retrocedido 5,2 puntos, lo que implica una caída del orden del -20%. La diferencia respecto a la anterior medición es que en el año 2004 no hay una caída en la distribución sino que mantiene la participación alcanzada en el 2003. Ver cuadro Nº 10.

Cuadro N º 10: Participación de la masa de ingresos de los ocupados urbanos (s/ patrones) en el PBI a precios de mercado. Valores corrientes. 2001- 2005.



Tampoco se altera la tendencia si al cuadro anterior lo consideramos a valores constantes del 2001. Para este ejercicio deflactamos la masa de ingresos de los sectores populares según la evolución del Indice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso la caída en la participación de los sectores populares es mayor. Pasa de representar el 31,5% del PBI del 2001 al 25,9% en el 2005. Es decir un retroceso en la participación del orden de 5,6 puntos, lo que implica una caída del -21,6%. En este caso la tendencia seguida en el marco del crecimiento económico revela que en el 2004 hay un aumento de la participación respecto del 2003 (del 25,2% al 26,1%), pero en el 2005 la participación de los sectores populares vuelve a caer (al 25,9%). Ver cuadro Nº 11.

Cuadro N º 11: Participación de la masa de ingresos real de los ocupados urbanos (s/ patrones) en el PBI a precios de mercado del 2001. Masa de ingresos deflactada por el IPC. 2001- 2005.



Idéntica tendencia pero con una caída aún más pronunciada se obtiene si la deflactación de la masa de ingresos de los sectores populares se realiza por medio de la evolución de los precios de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para el caso de los asalariados no registrados, los trabajadores rurales y las masa de jubilaciones y pensiones (pues tienen un salario / haber promedio equivalente al valor de esta canasta), por la evolución de la Canasta Básica Total (CBT) para el caso de los trabajadores por cuenta propia (pues su ingreso promedio se acerca al valor de esta canasta) y por la evolución del IPC para el resto de los ingresos que componen la masa de ingresos de los sectores populares (asalariados registrados y aportes en poder de las AFJPs).

En este caso la participación de los sectores populares paso de representar el 31,5% en el 2001 al 24,6% en el 2005. Es decir la participación de los sectores populares retrocedió 6,9 puntos, lo que implica una caída del -28%. En términos del impacto del crecimiento económico la tendencia fue a un crecimiento de la participación en el 2003 y el 2004 y a una caída leve en el 2005. Ver cuadro Nº 12.

Cuadro N º 12: Participación de la masa de ingresos real de los sectores populares en el PBI a precios de mercado del 2001. Masa de ingresos deflactadas según corresponda por CBA, CBT y IPC. 2001 – 2005.



Más allá de las diferencias respecto a la evolución de las participaciones para los años de crecimiento económico, en cualquier de las cuatro mediciones posibles la participación de la masa de ingresos de los sectores populares del 2005 refleja caída considerable con respecto a la situación del 2001. La caída ronda entre el -20% (para el caso de los promedios anuales a valores corrientes) y el -28% (para el caso de los promedios anuales deflactados según IPC, CBA y CBT). Lo que también comparten las 4 mediciones es que luego de la abrupta caída de la participación en el 2002, la recomposición más importante de la participación de los sectores populares se dio en el 2003. Es decir en el primer año de crecimiento económico donde el aumento del PBI fue del 8,8%. En el 2004 y el 2005 en un contexto en que el PBI creció más que en el 2003 (9% en el 2004 y 9,2% en el 2005) la participación de los sectores populares apenas si se mantuvo levemente por arriba del 2003. Es decir no tuvo impacto distributivo significativo.

La profundización de la desigualdad distributiva se sostiene, en el marco del proceso de crecimiento económico, en la apropiación de la productividad por parte de las empresas. Si tomamos los datos del sector manufacturero podemos observar que la situación de la primera mitad del 2005 respecto del 2001 revela que la producción creció un 24,5% y los puestos de trabajo un 10,7%; por lo que la productividad por puesto de trabajo creció un 12,4%. En este mismo período el salario real apenas creció un 0,4%. Es decir el superávit bruto de explotación por puesto de trabajo creció un 11,9%. Es decir prácticamente se apropió de toda la productividad del período. Todo esto en un contexto en que los costos laborales experimentaron una caída del 35,9% en relación al 2001. Ver cuadro Nº 13.

Cuadro Nº 13: Industria Manufacturera. Volumen Físico de Producción, obreros ocupados, salario real, productividad y costo laboral. 2001 – 2do trimestre 2005. 2001= base 100.



La caída de la participación de los ingresos de los sectores populares en el PBI y la apropiación de la productividad por parte de las empresas son los mecanismos que sostienen la expansión de las utilidades, principalmente de las grandes firmas. Al respecto en el cuadro Nº 14 presentamos los resultados provisorios que ha arrojado el operativo especial de Grandes Empresas que el INDEC ha realizado en el marco del desarrollo del Censo Nacional Económico 2004.

Los datos del cuadro permiten afirmar que

- En las 1.000 empresas más grandes del país del año 2003, la participación de la masa salarial dentro del valor agregado representa tan solo el 25,6%. Es decir que el 74,6% es la masa de ganancias líquidas de las empresas (también conocido como superávit bruto de explotación).

- Para el caso de las 100 empresas más grandes, la masa salarial representa nada más que el 17,9% del valor agregado. Así en estas 100 empresas las ganancias que se apropian representan el 82,1% del valor agregado.

- Las 1.000 empresas emplean a 609.243 asalariados que representan apenas el 10,3% de los 5.914.594 asalariados registrados, el 5,6% de los 10.948.395 asalariados, sólo el 4,1% de los 14.698.461 ocupados y el 3,7% de los 16.335.578 que componen la PEA urbana. Es decir su tracción en términos de empleo es mínimo.

- Para el caso de las 100 empresas más grandes, éstas emplean a 245.019 asalariados. Es decir el 40% de los asalariados de la cúpula.

- En las 1.000 empresas más grandes la productividad por asalariado alcanza un valor de $120 mil mientras que ronda los $200 mil para las primeras 100 empresas.

- Estas elevadas productividades no se condice con la remuneración bruta (incluye aportes y contribuciones a la seguridad social) que pagan las empresas de la cúpula. Para el caso de las 1.000 más grandes la remuneración promedio alcanza los $2.379 mensuales mientras que la productividad alcanzada permitiría pagar una remuneración promedio de $9.280. Para el caso de las primeras 100 empresas, la remuneración promedia es de $2.669 mientras la productividad alcanzada permitiría pagar una remuneración promedia de casi $15.000. Así, si bien los trabajadores de la cúpula son los mejor pagos, son también los que presentan sin dudas las mayores tasas de explotación laboral.

- Esta brutal explotación laboral se percibe con nitidez al observar las siderales ganancias de las empresas de la cúpula. Así las ganancias (superávit bruto de explotación) ascendieron en el 2003 para cada una de las 1.000 empresas en promedio a $54,6 millones; mientras que para las primeras 100 empresas las ganancias durante el 2003 fueron de cerca de $400 millones por empresa.

- Es decir que por mes el promedio de las 1.000 empresas obtuvieron una ganancia de $4.554.750 pesos. Esta ganancia equivale a 1.915 sueldos que estas empresas pagan. Para el caso de la primeras 100 empresas la ganancia por mes ascendió a $32.574.417; es decir ganaron por mes el equivalente a 12.203 sueldos promedios.

- Es decir que por minuto cada unas de las 1.000 empresas ganó $105 durante el 2003; mientras que para el caso de las primeras 100, las ganancias por minuto ascendieron a $754. Para estas últimas las ganancias promedio por minuto son superiores a los ingresos que en promedio percibía un ocupado en la Argentina en dicho año ($530). En el marco de que el año 2003 fue el año en que se operó la recomposición de la participación de los sectores populares en el PBI, es de esperar que este indicador de desigualdad se haya mantenido e incluso profundizado en el contexto del fuerte crecimiento del 2004 y 2005.

Cuadro Nº 14: Variables económicas de las empresas de la cúpula. Primeras 1.000 y primeras 100 empresas más grandes. Año 2003.



Por lo expuesto, queda claro que la expansión de la productividad y de los beneficios en las grandes empresas permite incrementar los salarios sin ningún riesgo en materia inflacionaria. Si lo hacen es porque quieren seguir manteniendo las elevadas rentabilidades que vienen obteniendo. En un contexto en que el 70% de las negociaciones colectivas se dan en el ámbito de la empresa, es decir son realizados con las empresas de la cúpula económica, no parece haber razón para que desde el Gobierno Nacional se fije como pauta de aumento salarial para la ronda de negociaciones colectivas del 2006 una banda que oscile entre un 16% y un 19%. Las grandes empresas pueden y deben pagar mucho más que eso. En rigor la pauta de aumento previsto por el Gobierno está en línea con una inflación que, si se mantiene el ritmo de aumento del primer trimestre, será del 12% anual en el nivel general y del 15% para los precios de los alimentos. Es decir, la pauta salarial fijada apenas permite una leve mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores formales pero sobre la base de mantener los aumentos de productividad, pasados y los futuros, en poder de las empresas.

La amenaza inflacionaria y la fijación de pautas salariales que apenas si compensan el ritmo inflacionario actúan como instrumentos de disciplinamiento que preservan las ganancias extraordinarias obtenidas por las grandes empresas (núcleo central de la “competitividad” de la economía argentina) y que impiden que los asalariados mejoren su participación en el ingreso.

Por si fuera poco, es una realidad incontrastable que el universo de los trabajadores contenidos en las negociaciones colectivas es una parte minoritaria de la totalidad de la fuerza laboral que tiene la Argentina. Así en el marco del crecimiento notable de las negociaciones colectivas durante el 2005 que ubicaron el nivel de negociaciones por arriba de todos los registros de los últimos 15 años, los trabajadores involucrados fueron 2.402.088 formales. Es decir el 40% de los asalariados formales. Sin embargo este conjunto representa solo el 21,9% del total de asalariados y apenas el 14,7% de la totalidad de la fuerza laboral. Ver cuadro Nº 15.

Cuadro N º 15: Asalariados incluidos en la negociación colectiva, total de asalariados formales, asalariados totales y fuerza laboral. Porcentaje de asalariados incluidos en las negociaciones. Período 2005



Así combinar una techo de entre el 16% y el 19% de aumento en el marco exclusivo de las negociaciones colectivas es una estrategia, que queriéndolo ó no, mantiene congelada e incluso puede agravar la ya injusta distribución del ingreso vigente. Si quienes discuten salarios representan una franja ínfima de la fuerza laboral; si además lo hacen en condiciones de restricción tales que les impiden discutir las ganancias extraordinarias de las empresas y no existen políticas públicas de “alcance universal” que permitan mejorar la situación del 85% restante de la fuerza de trabajo; queda claro que la estrategia en vigencia carece de política alguna dirigida a modificar la distribución del ingreso heredada del colapso de la convertibilidad y la salida devaluacionista.

Más allá de las consideraciones expuestas, la historia argentina previa a 1976 exhibía relaciones histórica entre canasta familiar, salario básico de convenio y salario mínimo que ubicaban el salario básico de convenio en el 80% de la canasta familiar y al salario mínimo en un 60% del básico. Si aplicáramos este criterio a la situación actual esto indicaría que el promedio del salario básico de convenio correspondientes a las distintas actividades debería rondar los $1.766 y el salario mínimo los $1.060. Los datos consignados en materia de beneficios y productividades demuestran claramente que las grandes empresas están en capacidad de pagar esto y más. Paradojalmente la preocupación absolutamente infundada que las grandes empresas plantean respecto al impacto que los aumentos salariales podrían tener, es un indicador más que para las mismas el salario como fuente de demanda ha perdido relevancia para su estrategia económica. Por otro lado, quienes se beneficiarían de una mayor demanda popular, exhiben problemas serios para absorber los aumentos salariales (Ej.: pequeñas y medianas empresas, economías regionales). Sólo podrían asumirlos si hubiera un tratamiento específico en términos tributarios, financieros, comerciales, tecnológicos, etc.

La distribución del ingreso no puede ser entonces, un apéndice o parche del modelo de concentración vigente. Requiere, para ser posible, de un replanteo integral que involucre al conjunto de la política económica. Es casi una verdad de perogrullo pero un régimen que mantenga una elevada concentración de los medios de producción, que se sostiene en una estructura productiva con altos niveles de desarticulación y con un mercado laboral donde más del 60% de la fuerza laboral está precarizada, sólo puede reproducir desigualdad.

La conversión de Bartolomé de las Casas

Enrique DUSSEL

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Según él mismo ha dejado escrito, había llegado a América, apenas nueve años después del primer viaje de Colón, y participado en la conquista violenta de los indios tainos. Ya como sacerdote, participó en la conquista de Cuba, realizada "a sangre y fuego". Recibió como pago de sus servicios, en el reparto, un grupo de indios que trabajaban para él. Durante 12 años, nos dice de sí mismo: estuve bien ocupado y cuidando mis granjerías, como los otros, enviando los indios de mi reparto a las mismas, a sacar oro y hacer sementeras, aprovechándome de ellos cuanto más podía".

En abril de 1.514, le pidieron que celebrara la Eucaristía y les predicara el Evangelio. Se preparó considerando las lecturas. Lo golpearon de tal manera, que no pudo celebrar la Misa. El texto que lo impactó, es del Libro del Eclesiástico, capítulo 34, versículos 18 al 22:

"Sacrificar cosas mal habidas, es ofrenda impura: a Dios no le agradan los presentes de los malvados. No se complace el Altísimo en ofrendas de los impíos; ni perdona los pecados por muy numerosas que sean las víctimas. Inmola un hijo ante los ojos de su padre, quien ofrece algo a Dios robándoselo a los pobres. La vida de los pobres depende del poco pan que tienen; quien se lo quita es un asesino. Mata a su prójimo quien le arrebata el sustento; vierte sangre quien le quita el salario al jornalero".

"Comencé -continúa el sacerdote- a descubrir la miseria y servidumbre que sufrían aquellas gentes (los indios). Aplicando lo uno (el texto bíblico) a lo otro (su propia situación), descubrió por sí mismo, convencido de la misma verdad, que era ceguera, injusticia y tiranía todo cuanto acerca de los indios se cometía" (De la Historia de las Indias, libro III, cap. 79).

Y Bartolomé de las Casas, que ése era el sacerdote, no celebró su misa. Descubrió de pronto que el "pan" que pensaba ofrecer había sido arrebatado a los pobres; que era asesinar a los indios arrebatarles el fruto de su trabajo. Y como estaba por "decirles misa", dijo a los españoles que "no se podían salvar" si trataban de esta manera a los indios. Vio el pan manchado de sangre.

Se cuenta de san Francisco Solano, que predicó el Evangelio en el Norte Argentino con su violín, y cuya imagen se descubre todos los días a los turistas en la quebrada de Humahuaca, que una vez lo invitaron a comer unos conquistadores. Al bendecir la mesa tomó un pedazo de pan y lo apretó en sus manos, y comenzó a salir sangre. Y que el santo dijo entonces: "esta sangre es la de los indios". Y se retiró sin comer bocado.

Quien ofrece entonces a Dios un pan robado al pobre, ofrenda a Dios la sangre, la vida, del pobre. El pobre (el indio), es el hijo. Y Bartolomé sintió que ofrecía al Padre la misma vida de su hijo, que "sacrificaba al hijo en presencia de su Padre". Cuando Bartolomé descubrió que el pobre era el indio... Cuando descubrió que él era el que explotaba al indio... Cuando descubrió que iba a ofrecer en la Eucaristía el pan robado a los pobres... no pudo celebrar más la eucaristía. Antes, liberó a sus indígenas el 15 de agosto de 1514, "y aunque no tenía un solo centavo, ni de dónde sacarlo, sino una yegua que podía vender... se propuso ir a Castilla y relatar al Rey lo que pasaba". Allí comenzó su entrega total por la justicia, que ocupará el resto de su vida, cincuenta y dos años de muchas persecuciones.

Y pudo volver a celebrar su eucaristía... porque ofrecía un pan que no arrebataba a los pobres. Ofrecía el pan de justicia, el pan -fruto de la tierra y del trabajo de los humanos- amasado con su trabajo en favor de los más pobres.

Dios no desea que se le ofrezca la vida del hijo asesinándolo en su presencia. Dios quiere la vida de sus hijos; lo que desea justamente como ofrenda es el trabajo por la vida de los que sufren: dar de comer al hambriento, devolver la vida al moribundo, incrementar la vida del que está perdiéndola, ése es el culto que ama el Altísimo. El culto eucarístico sólo puede ser recibido por el Padre, si es pan de justicia, pan que ha quitado el hambre, pan repartido y multiplicado para saciar el hambre de los hambrientos.
(Extractado de un artículo de Enrique Dussel,
"El pan de la celebración, signo comunitario de justicia", Concilium 172, pgs. 236 y ss)

Sueño de libertad

Por Oscar Taffetani*. Espartaco es un nombre de origen griego. Quiere decir “el que siembra”. Nadie recuerda el nombre de un esclavo tracio que fue llevado como gladiador al circo romano, en el 70 antes de Cristo. Pero todos saben que Espartaco es el nombre del líder de la más importante rebelión de esclavos que conoció el mundo antiguo.

Siglos después, al otro lado del Atlántico, otro esclavo llamado Breda (por la plantación en la que había nacido) acaudilló el primer grito emancipatorio de América. Breda propuso -tremenda osadía- que la consigna “Libertad, Igualdad, Fraternidad” echada a los cuatro vientos por la Revolución Francesa, valiera también... para los negros de Haití.

Hoy nadie recuerda a un esclavo haitiano llamado Breda. Pero sí recuerdan, la memoria popular y los diccionarios, a Toussaint Louverture (Louverture quiere decir, en créole, El Comienzo).

A diferencia de los linajes imperiales, de la “sangre azul” y los frondosos árboles genealógicos que suelen cultivar los dueños de la tierra, los esclavos no tienen otro abolengo que su sangre roja -siempre roja- ni otra herencia que los callos de sus manos y que su esperanza.

Son un presente perpetuo. Y un sueño, nunca abandonado, de libertad.

Los nuevos esclavos

Cuatro chicos, una mujer y un hombre -dicen los diarios- murieron el jueves 30 de marzo, en el incendio de un taller textil que funcionaba en el barrio de Caballito, Buenos Aires.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, alertado sobre “otro posible Cromañón”, llegó rápidamente al lugar. Allí le informaron que el taller incendiado contaba con la debida habilitación municipal. Y también, que en ese taller había “trabajo esclavo”.

Autoridades nacionales y municipales se lanzaron al conocido juego de las acusaciones mutuas, por las tareas incumplidas de un Estado ausente (o cómplice, digámoslo con propiedad) que permite que el trabajo inseguro, ilegal y en condiciones de esclavitud crezca hasta proporciones nunca vistas, en pleno siglo XXI.

Un diario argentino publicó, el pasado domingo, que habría en Buenos Aires unos 12 mil obreros textiles bolivianos y peruanos, trabajando en condiciones de esclavitud.

La Unión de Trabajadores Costureros, modesto sindicato de una más modesta cooperativa de trabajadores bolivianos, presentó más de cien denuncias sobre talleres ilegales, que hasta ahora no habían sido escuchadas. Ellos calculan que son tres mil los trabajadores sometidos a un régimen de esclavitud, sólo en la ciudad de Buenos Aires.

En cuanto al trágico incendio de Caballito, todavía no se han publicado los nombres de los cuatro niños muertos allí. Los medios evalúan, tal vez, que es un detalle que poco aporta al conocimiento de los hechos. Sí trascendió -por denuncia de su marido- el nombre de Máxima, una obrera boliviana que habría perecido, junto a sus dos hijos, al no poder salir del local.

Paradójicamente -pensamos- a la hora en que Máxima moría asfixiada en un taller-ratonera, donde su vida no valía más que una pila de jeans para cortar, otra Máxima, princesa de Holanda, se hallaba visitando, junto a la reina Beatriz, los palacios ministeriales argentinos.

Reina y Princesa daban clases de “moda real” (así dijeron los diarios) a ministros, funcionarios y admiradores.

La Máxima de “sangre azul”, probablemente, nunca se enteró de que otra Máxima, esclava, murió con sus hijos en el barrio de Caballito, un jueves de marzo del siglo XXI, sin poder alcanzar su esquivo sueño de libertad.

* Artículo publicado en la Agencia Pelota de Trapo
(APE).http://www.cta.org.ar/base/acta.php3?id_mot=358

Argentinidad al palo

PANORAMA ECONOMICO Pàgina 12 (hoy)
Por Alfredo Zaiat
Avellaneda, a mediados de la década del ’60, era una calle empedrada, donde los chicos jugaban con libertad, interrumpida cada tanto por el colectivo 99 o algún automovilista desorientado. A lo largo de esa avenida, relegada a una arteria secundaria por la siempre respetable Gaona, de la que está separada por pocas cuadras, se sucedían casas bajas, una tras otras. Había muy pocos comercios, los necesarios para un barrio tranquilo donde convivían en armonía las colectividades de inmigrantes judíos y árabes, experiencia que merecería ser estudiada. La transformación acelerada comenzó en la década del ’90. Antes había empezado a desarrollarse un pequeño centro comercial, pero de escasa relevancia, nunca pensado como competencia del Once. En los años de la convertibilidad, las viviendas de esa avenida se convirtieron sin pausa en locales, que se alquilaban a valores elevados en dólares. Pero la revolución comercial de Avellaneda, ya bastante convulsionada por esos cambios, empezó a vislumbrarse a fines de los ’90, para estallar con la devaluación. El rubro textil renació con un dólar alto que frenó las importaciones, y el área de demolición de casas, chalet y viejos almacenes y quioscos se extendió a las calles aledañas (la tradicional Confitería El Globo fue uno de los últimos en capitular por casi 1,5 millón de dólares). Sobre esos lotes se construyen locales con talleres incluidos en las plantas superiores. Y del mismo modo que en el Once, se instalaron comerciantes de la comunidad coreana y también boliviana. Los precios que se pagan por el terreno de las viviendas para destruir, los valores de venta de los locales, así como también los que se fijan por la llave y el alquiler mensual, son tan desproporcionados en dólares como la desmesura de la explotación de los trabajadores. Así se entiende que por un local normal, por ejemplo, se desembolse 200 mil dólares por un contrato de tres años de alquiler (llave más mensualidad), porque la mercadería se hace en talleres propios o tercerizados, pagando al costurero pocas monedas por cada prenda.

El drama del taller de Caballito –donde murieron seis personas– revela una forma de producción, más allá de cuestiones morales. Se trata de la adaptación del toyotismo a un grupo de trabajadores vulnerables por su condición de inmigrante. Lo esencial del toyotismo, según afirma Satoshi Kamata en su libro Japan in the Passing Lane –un reportaje clásico sobre Toyota–, es lo que él mismo caracterizó como “la fábrica de la desesperación”. Esto significa que el objetivo es reducir el “desperdicio”, que traducido en lenguaje llano implica que si el trabajador respiraba y en cuanto respiraba durante algunos momentos no producía, lo urgente entonces era encontrar el modo de que pudiera producir respirando y respirar produciendo. Pero nunca respirar sin producir. Basándose en ese modelo, Toyota consiguió reducir en un 33 por ciento el “tiempo ocioso” o el “desperdicio” en sus procesos de fabricación. De ese modo, la industria automovilística japonesa, que era casi inexistente en 1955, superó a la de Estados Unidos 20 años después. “La industria japonesa había hallado el modo de llevar la productividad hasta la cima”, explica el docente en Sociología del Trabajo de la Universidad de Campinas, el brasileño Ricardo Altuness.

El toyotismo no es una creación original japonesa. Satoshi Kamata admite que se inspiró en el modelo de los supermercados y en el de la industria textil: niveles alarmantes de explotación del trabajador, de intensificación del tiempo y del ritmo de trabajo. Esas condiciones de ultraflexibilidad laboral se ha expandido –ya sin las normas formales de una planta productiva– en las últimas dos décadas a los países periféricos, ante la necesidad de las multinacionales de incrementar su productividad y, por lo tanto, mantener su tasa de ganancia frente a la competencia. Predomina, entonces, una clase de operario en condiciones de precariedad, como los empleados-niños de Nike o Adidas en Indonesia, los bolivianos en los talleres de Caballito y Floresta o los chinos en la propia China, que trabajan todo el día por la cama, la comida y monedas. Los empresarios de Avellaneda –judíos, coreanos y también bolivianos– argumentan en charlas informales que es la única forma de competir con la importación china. Es la misma lógica de producción implementada por Toyota para competir y desplazar del liderazgo del mercado a los autos estadounidenses.

Esa forma de explotación provoca la indignación mediática y la reacción oportunista de las autoridades porque murieron seis personas. Pero hace pocos meses hubo una protesta de trabajadores bolivianos (de la firma Montagne) por las mismas condiciones de trabajo por las que hoy se clausuran talleres sin generar repercusión oficial ni cierre de locales. La red de corrupción que rodea a ese circuito económico es muy amplio. Y la vista gorda del Estado, desde inspectores y policías, forma parte inseparable de esta historia. Nadie puede hoy sorprenderse por las formas de organización con marcada informalidad del sector textil. El Mercado Central a comienzos de los ’90 y las grandes ferias del Conurbano, con La Salada como centro emblemático, que venden indumentaria de marca falsificada a bajísimos precios, son grandes productores de mercadería en negro. El sector textil siempre se caracterizó por su elevada informalidad. Y como en tantas otras cosas, esa industria empezó a imitar a gran escala las formas de producción de esos centros de marginalidad. Avellaneda ha empezado a competir con, por ejemplo, La Salada. Por eso se produjo una migración de talleres y trabajadores bolivianos de ese gran mercado concentrador de lo trucho hacia Avellaneda. Basta con recorrer el barrio los días de semana y ver las decenas de ómnibus del interior que traen comerciantes del interior a comprar mercadería. Antes iban a La Salada.

Los trabajadores inmigrantes de países limítrofes no desplazan a los nativos, porque éstos no realizarían las tareas en esas condiciones. Ellos vienen a ocupar el lugar en el sistema laboral-productivo que en su momento tuvieron los migrantes del interior del país, los cabecitas negras. Igualmente aparece en el imaginario colectivo la idea de la usurpación de los escasos puestos de trabajo y el usufructo de la riqueza nacional. Pero eso no es así. Resulta irrelevante, por lo tanto, plantear una encuesta o dar crédito a oyentes de la radio sobre qué se debería hacer con los trabajadores bolivianos. Así sólo se alimenta la xenofobia y el racismo, al emerger ese rostro perverso de la discriminación que algunos estudiosos del tema denominan “psicosis de inmigración”. Uno de ellos, Susana Novick, sostiene que indicar a los inmigrantes como los responsables de los males internos, “despertando oleadas xenófobas en críticos momentos históricos”, forma parte de una asociación “de larga data y gran circulación en el seno del discurso político y en la legislación del Estado”.

La Argentina ya no tiene el modelo integrador del inmigrante como el de 1880, que postulaba hacer de cada extranjero un argentino. Hoy el inmigrante es rechazado. Sufre una doble exclusión, como precisa la especialista Adriana Rizzo, en El caso del inmigrante en la Argentina en los tiempos de la globalización: sus huellas en los discursos mediáticos, porque “el otro” extranjero “sin derechos aparece como que viene a robar al argentino lo poco que tiene. Y, además, sufre la exclusión social marcada por la resignación a aceptar trabajos informales, la sobreexplotación, la falta de derechos y protección social”. Por ese motivo no es insignificante cuál es el discurso político y mediático ante la situación de los trabajadores bolivianos, puesto que el que predominó en la década pasada activó el racismo y la xenofobia latente como respuesta socialmente aceptable en una situación de crisis

“Estamos peor que en los ‘90”

Carlos Tomada, ministro de Trabajo, ofreció una conferencia de prensa para explicar cómo evoluciona para bien el mercado de trabajo. Claudio Lozano no está de acuerdo y cuestiona toda la política económico-social.
El ministro de Trabajo, dijo que se viene registrando no sólo “la mejora en la calidad” del empleo, sino también “una progresiva mejora de la estructura ocupacional”.

Tomada comunicó que con el aumento del empleo registrado durante el mes de febrero, ya son 41 los meses de crecimiento sostenido, al dar a conocer los indicadores laborales.
Durante el 4to. trimestre del año pasado el índice de los asalariados que trabajan ‘en negro’ se ubicó en el 45,5%, 3,4 puntos porcentuales menos que en el mismo período de 2004.
La caída en el indicador implica que unos 200.000 trabajadores pasaron a desempeñarse en el sector formal de la economía el año pasado, con lo que los empleados en negro serían al final de 2005 unos 4,7 millones de persona.

Esta es, la entrevista que le hizo al economista y diputado nacional Claudio Lozano, un periodista del sitio La Vaca, y que se tituló “Estamos peor que en los ‘90” (y si de algo no puede acusársele a Lozano es de ser un melancólico de los ‘90):


-Los diarios nos reciben cada mañana con una nueva noticia sobre la mejoría económica, ¿qué tan bien estamos según su análisis?
-Por lo general la visión vulgar del debate económico suele presentar diferencias entre ciclos recesivos y ciclos de expansión. Pero el modo en que se distribuye esa carga recesiva o los beneficios del crecimiento quedan, en general, fueran del análisis. Efectivamente, acá hay una diferencia. Argentina vive una etapa de recuperación económica que es diferente en su dinámica al proceso de fuerte caída que tuvo desde mediados de 1998 hasta mediados de 2002. En ese período, la Argentina cayó 20 puntos, que son casualmente los que está recuperando a tasas aceleradas en los últimos tres años. Ahora estamos apenas un poco por encima del nivel de actividad económica de 1998. Pero esta visión deja afuera las condiciones de organización misma de la economía. El colapso de la convertibilidad y la devaluación cambiaron el esquema de negocios de la Argentina sin que se haya alterado su régimen de alta concentración, sin que se haya alterado el patrón distributivo de profunda regresividad, sin que se observen cambios sustantivos en el modo de intervención del Estado y sin que haya diferencias sustantivas en el tipo de inserción que el país tiene en términos productivos y financieras en la economía mundial. Los basamentos estructurales de la experiencia que la Argentina vivió en los últimos 30 años siguen intactos. Lo único que cambió tras la devaluación, fue el régimen de negocios.

-¿Qué cambió y qué sigue igual?
-En la etapa pasada los negocios principales y de mayor rentabilidad eran los vinculados a la especulación financiera o a las áreas de servicios privatizadas y, consecuentemente, los niveles de rentabilidad de actividades productivas eran menores. En la etapa actual, la renta que obtienen las actividades productivas son mayores, y la de las áreas vinculadas a los servicios de las áreas privatizadas son menores que antes. Pero el hecho de que haya un cambio en el esquema de negocios sin modificación en los basamentos más estructurales determina algunas cosas: si bien se recuperó el nivel de actividad económica, llegando a los niveles del ‘98, la recuperación en términos sociales es más lenta. Lo que parece observarse es que la Argentina termina de organizar un esquema económico después de la devaluación que se sostiene en condiciones de mayor explotación de la fuerza de trabajo y de mayor pauperización que los que dominaron las condiciones de funcionamiento de los 90.

- ¿En base a qué datos saca estas conclusiones?
-Ejemplo: la Argentina tiene mayores niveles de actividad económica que en el año ‘98, pero cuenta con una tasa de desocupación superior a la que existía en aquel momento. En el ‘98, la desocupación estaba en el orden del 11 por ciento. Hoy, incluyendo, a los que perciben planes, la Argentina está en el orden del 13%. Y el ingreso promedio de los argentinos actualmente es inferior al que había entonces: está un 25% por debajo de aquel momento. Hay otra relación muy importante, que ha cambiado y es muy determinante: la relación entre el ingreso promedio y el nivel necesario para que un hogar tipo no sea pobre. En la Argentina actual, el ingreso promedio está aproximadamente 10 puntos por debajo de lo que necesita un hogar para ser pobre. En el ‘98, el ingreso promedio estaba 34% por encima de lo que necesitaba un hogar para no ser pobre. En aquel momento había 10 millones de pobres, hoy existen 15 millones.

-Ya me lo imagino a Néstor Kirchner confrontando con usted, diciendo: “Esos son los que dicen que con Menem estábamos mejor...”.
-Lo que hay que hacer es entender la realidad. La situación social argentina no se construyó de un día para otro. Fue el resultado de una etapa de reestructuración de la economía que implicó el predominio de la actividad financiera en desmedro de lo productivo. Implicó también cambios distributivos importantes. Pero el modo de construirse fue a través de distintas crisis: hubo una en el ‘76/’77, que fue el momento de instalación del proyecto regresivo de la dictadura, hubo una nueva crisis en el ‘82, otra en el ‘89, una en el ‘94/’95 y la última en 1998/2002. Cada crisis lo que nos demuestra es que luego de su pico se instituye un plan de relativa normalidad que siempre es mejor al momento propio de la crisis. Por lo tanto si uno compara el modelo de la tablita cambiaria de (José Alfredo) Martínez de Hoz del ‘78 al ‘81 va a encontrarse con situaciones, en términos relativos, mejores que las que caracterizaban el período de la crisis ‘75/’76. Ahora lo que lo no sucedió nunca es que se volviera a los niveles previos a la crisis. Y esto pasó en todos los casos.

- ¿Y qué perspectivas ve ahora de que se vuelva a los niveles previos a la crisis?
-Lo que uno observa no es alentador. Porque si uno hoy tiene niveles de actividad superiores a los del año ‘98, no es lógico que tenga mayor tasa de desempleo, debería tener menor. La lógica sobre la cual se organiza la salida productiva y exportadora de la Argentina actual se sostiene en mayor explotación de la fuerza de trabajo y mayor empobrecimiento de la sociedad. Es cierto que estamos mejor que en 2002. Pero también es cierto que estamos peor que en los ‘90. Y no es claro que la cosa mejore. Si vamos al patrón distributivo, hoy tenemos en términos de participación del total del PBI, que los que están ocupados y no son patrones reciben 5 ó 6 puntos por debajo de lo que recibían en 2001. Y si bien hubo una pequeña recomposición en 2003, lo cierto es que en 2004 y 2005 se agudizó la desigualdad. Da la sensación que se estabiliza un nuevo piso de pobreza: si en los ‘90 la pobreza estaba en el orden del 25%, ahora da la sensación es que ese piso estará por arriba del 35%, sino el 40%. Porque digo esto: porque cada vez hay más datos que indican que el crecimiento tiene un menor derrame.

-¿A qué datos se refiere?
-El nivel de empleo que genera cada punto de crecimiento de la economía, cada vez es menor. La economía generó mucho empleo en 2003, la mitad en 2004 y la mitad de la mitad en 2005. La economía creció en los últimos tres años casi al 9% cada período. Entonces, ese mismo 9% cada año genera menos empleo. El segundo elemento es que la composición del empleo no se ha alterado: sigue repartiéndose por mitades entre empleo formal y empleo ilegal o informal y estos últimos tienen un menor nivel de ingreso. El tercer dato es que el empleo en blanco que se genera -que es el que se propagandiza- tiene niveles salariales inferiores a los históricos. La persona que ingresa hoy a un trabajo no lo hace con el promedio salarial de los trabajadores que ya están en el mercado, sino por debajo. Estos tres elementos indican que el derrame tiende a agotarse, por eso cada vez es menos lo que bajan la pobreza, la indigencia y el desempleo. Además, hay otro tema importante: la capacidad de sostener esta tasa de crecimiento, que depende del volumen de inversión. Con una inversión que está en el orden del 20% del PBI no parece posible sostenerla. Hasta ahora eso se logró porque hubo una ganancia de productividad muy grande sobre la base de la capacidad instalada. Pero, en verdad, lo que se invierte es de carácter marginal. Eso se advierte cuando se mira la composición de la inversión. El 60% ó 65% proviene de la construcción, se vincula al boom inmobiliario residencial y privado, que es una de las actividades que en el modelo vigente tiene niveles importantes. Pero esto nos reenvía a lo que dije antes: el boom inmobiliario tiene que ver con la distribución del ingreso. Porque con una distribución profundamente injusta como tiene la Argentina, el patrón del mercado interno está basado en el consumo de los segmentos altos de la población. Los dos sectores que están funcionando son el de la construcción residencial y el automotriz. La construcción residencial tiene límites en términos de inversión reproductiva y la industria automotriz, en realidad, es una armaduría, porque los autos se traen en forma completa del exterior o se fabrican con una elevada proporción de componentes importados.

-¿Cómo definiría al modelo K?
- El modelo vigente es un modelo hacia afuera, de colocación de naturaleza barata en el mercado mundial. El patrón de exportaciones no tiene diferencias respecto al anterior a la crisis. La devaluación no ha modificado el perfil exportador en términos de agregación de valor. Y, en segundo lugar, es un modelo hacia arriba, en el sentido de atender las demandas de los sectores más acomodados de la población. El modelo se sostiene orgánicamente en una distribución más regresiva. Sobre este esquema se construye la ideología desarrollista el gobierno actual. Todas sus políticas tienen como único objetivo ver cómo se sostiene la tasa de inversión. El gobierno no ha tomado como eje el tema de la distribución del ingreso.

- ¿Se anima a enunciar medidas concretas que permitan una mejor distribución de la riqueza?
-Lo primero que hay que entender es que una economía con alto nivel de concentración, con una fuerte desindustrialización y con un mercado informal tan grande, solo reproduce desigualdad si uno la deja funcionar sin producir intervenciones específicas. Así las cosas, la economía puede crecer pero de manera desigual. Y para modificar eso hay que actuar en todas las áreas. Si existe un mercado formal que representa sólo el 30 por ciento del mercado laboral, lo que hay que pensar son políticas de carácter universal. Si el Gobierno fija el salario mínimo y cree que de esa manera se le pone un piso al mercado laboral, se equivoca. Porque en realidad el salario mínimo tiene que ver con los trabajadores privados que están en blanco y con los trabajadores del sector público a nivel nacional. Pero deja afuera a los desocupados, a los que están en negro, a los trabajadores de los estados provinciales que están en blanco (que no se rigen por el salario mínimo). En consecuencia, el verdadero salario mínimo no son los $ 630 que se fijaran por última vez, sino que son los $ 150 del plan Jefas y Jefes o los $ 225 del plan Familias, según el último anuncio Lo que uno tiene que tener es una estrategia de transferencia de ingresos que le llegue al conjunto de la población. El FRENAPO (Frente Nacional contra la Pobreza) había planteado un programa que planteaba un seguro de desempleo y formación para el desocupado y se completaba con una asignación universal para todos los pibes y una jubilación universal para todos los mayores sin cobertura. El seguro de empleo y formación más la asignación universal permitían a los hogares estar por encima de la línea de pobreza. Un estado debería garantizar que nadie se ubicara por debajo.

- El posibilismo político dice que eso es sólo una utopía.
-Objetivamente, la Argentina tiene condiciones para hacerlo. Basta observar el producto, la generación de riqueza anual, y lo que consumen los hogares. El total que consumen los argentinos equivale a la compra de canastas básicas para que 120 millones de personas no sean pobres. Si tenemos 15 millones de pobres es porque mientras que algunos se quedan con muchas canastas otros no tienen ninguna. Lo que se requiere es un tipo de intervención que replantee la transferencia de ingresos. Y si se cambia la distribución, cambia la demanda. Ya no tendrías demanda sostenida por el sector de altos ingresos sino por los sectores populares. Esto, a su vez, cambia el perfil de producción.

- Concretamente, ¿de dónde obtendría los recursos económicos para la asignación universal?
-De los recursos fiscales que se disponen. Si uno hace números, el Estado estaría -aún después de haberle pagado la deuda al Fondo-, con niveles de recaudación suficientes para pagar inmediatamente $ 70 por pibe y garantizar la ayuda escolar anual de $ 130. Estas dos cosas hoy tendrían un impacto muy significativo: 5 millones de personas dejarían de estar por debajo de la línea de pobreza o de indigencia. Si encima el Estado pusiera en marcha alguna estrategia de reconstrucción de su capacidad financiera, poniendo en marcha una reforma impositiva, los logros podrían ser mayores. Pero el gobierno ha clausurado esa discusión. Ya lo había clausurado (el ex ministro Roberto) Lavagna y ahora que aparecieron versiones de que la nueva ministra, Felisa Micelli, quería hacer algo, fue el mismo Presidente que dijo que ni había que hablar del tema. Si hubiera una reforma impositiva se recaudaría más: la Argentina recauda mal y poco.

-¿Por qué?
- La Argentina recauda 26 ó 27 puntos mientras que Brasil recauda 35 puntos. Y recauda poco porque lo hace mal. La carga impositiva está formulada en base a impuestos sobre el consumo, que tienden a gravar a los sectores medios y de menores ingresos. Hay un escaso peso sobre las rentas. El impuesto a las ganancias mantiene exenciones a los pagos de dividendos en las sociedades, al cobro de alquileres, a las rentas financieras, a la compra-venta de títulos. Y todo esto con independencia de la fuerte fuga que hay vinculada con la ausencia de articulación entre la administración tributaria nacional y las administraciones tributarias provinciales. Porque la verdad es que es muy difícil cobrar ganancias o bienes personales a nivel nacional sin vincularlo con lo que las provincias cobran en términos de inmobiliario urbano o rural, o automotriz. La ausencia de coordinación implica que no haya un padrón único de grandes contribuyentes. Hay más elementos, como la reforma previsional. Hoy existe una cantidad de fondos que se transfiere de los trabajadores en actividad a las administradoras de fondos de jubilación y pensión, un régimen que no resuelve el sistema previsional. Si se retomara el sistema público, se recuperarían 7.000 millones por año. También se podría restituir las contribuciones patronales a los niveles que tenían en 1993. En ese momento se modificaron con el argumento de que el dólar estaba 1 a 1, pero estamos 3 a 1. Si se quiere, esto podría hacerse exceptuando a las pequeñas empresas. Todas estas reformas implicarían recursos múltiples, sin pensar si quiera en el uso de las reservas.

-¿Por qué razón, entonces, un gobierno que podría pasar a la historia por terminar con la pobreza no toma este tipo de medidas?
-Hay dos razones por las que nunca se llevan adelante las políticas de carácter universal. La primera es porque la universalidad pone en cuestión a buena parte del sistema político argentino. El hecho de que uno no tenga recursos para el conjunto de los pobres hace necesaria algún tipo de intermediación para cubrirlos monetariamente. Esto implica que hay alguien que dice “este recibe y este no”. Eso ha construido una parte relevante de lo que son las practicas clientelistas del sistema político actual. El primer punto de confrontación de las políticas de universalidad es que rompen las prácticas políticas que caracterizan a los partidos dominantes. El plan Jefas y Jefes llegó a tener mas de dos millones de beneficiaros, de los cuales 250 mil era manejados por organizaciones sociales. El resto lo entregaba el Estado provincial o municipal. El segundo tema es que si yo garantizo un piso de ingresos para las familias postergas equivalente a los niveles de pobreza, le pongo un piso más alto al mercado laboral y potencio la capacidad de discusión de los trabajadores ocupados. Consecuentemente, pongo en discusión las ganancias extraordinarias de las principales empresas del país. Implica también una confrontación con la estructura económica actual.
-¿Cuándo se habla de la nueva política no se plantea terminar con estas prácticas?

-Actualmente no hay una estrategia para desbordar el sistema político tradicional, solo existe un cambio en la organización de los actores: desaparecen algunos cacicazgos pero se mantienen otros. Hay una renovación de carácter generacional de estructuras pre-existentes. Puede perder poder (Eduardo) Duhalde, pero dentro del kirchnerismo hay un montón de duhaldistas y hasta menemistas. Además, como en esta lógica desarrollista se cree que si las principales empresas invierten se genera empleo y se resuelven los problemas, se percibe de una manera negativa presionar sobre la rentabilidad de las empresas. Y esto, desde una interpretación benigna. Desde una mirada maligna se podría decir que hay más intención de preservar los ingresos de las empresas que a mejorar la situación de la gente.

- Sin embargo, hoy no se escuchan en vos alta discursos que defiendan intereses empresariales. Al menos de manera tan obscena como en los’ 90.
-A partir 2001 hay un punto de inflexión en la vida política argentina. La sociedad fue capaz de cuestionar la experiencia política del neoliberalismo, pero tuvo como límite no haber sido capaz de construir una fuerza política que permita sostener un proceso de transformación. Esa etapa política existe y se expresa en algunas cosas: hoy, por ejemplo, el discurso legítimo para esta sociedad tiene que confrontar con lo que pasó en los 90. Y ese discurso, que tiene límites, se pudo sostener hasta ahora porque la transformación económica ha sido muy fuerte respecto al momento propio de la crisis. Naturalmente hay una visión de que se está mejor respecto al 2002, pero lo que va a empezar a discutirse ahora es “cómo es esto de que estoy peor que hace cinco años”. Porque ahora hay una política de contener la inflación, pero el principal sustento es anclar los ingresos de la gente. Si los precios no tienen que subir más que un uno por ciento mensual, los salarios ¿cuánto suben?. Porque si siguen igual, no se recuperan. En el 2005, una porción muy chica, el 6% ó el 7% de la fuerza de trabajo creció por encima de la inflación en promedio. Los trabajadores en negro, los trabajadores públicos, los que cobran planes crecieron por debajo de la tasa de inflación. Acá lo que va a empezar a notarse es que no se plantea una solución a la distribución del ingreso. Las estadísticas del INDEC son una señal, y el rechazo del Gobierno a esa metodología -que es la misma que se utilizaba hasta el mes anterior-, también. La brecha entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre se expandió a 31 veces. Lo mejor ya pasó, lo que viene ahora es una desaceleración de la tasa de crecimiento. Se crecerá menos, con derrame inferior.

- ¿Esa puja distributiva es la que motiva una mayor conflictividad gremial en relación con los ‘90?
- Hay un desplazamiento en el eje del conflicto. Antes estaba situado en quienes resistían el cierre de fuentes de trabajo, o se materializaba en un ámbito territorial a través de quienes habían quedado excluidos. Ahora lo que hay es una pelea por la distribución, y lo dominante del conflicto aparece en el ámbito gremial. Ahí aparece otro tema donde el gobierno tiene grandes contradicciones. Si quiero profundizar un proceso de distribución de ingreso necesito actores con capacidad de disputar en todos los lugares. Pero el problema que existe es que hay límites precisos a la actividad sindical. Más allá de las estructuras existentes, una tendencia muy fuerte de los grandes establecimientos, consiste en no permitir la organización de los trabajadores. Si alguien entra a Coca-Cola, en Barracas, te hacen firmar la renuncia, que se ejecuta en el mismo momento que participas de una actividad gremial. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque la presión que existe con una tasa de desempleo del 13% es lo suficientemente significativa para que el trabajador lo acepte. Esto también determina que las grandes empresas, que son las que mejor pagan, tienen también la mayor tasa de explotación laboral. Si uno compara lo que percibe un trabajador en relación con la productividad de una empresa, la diferencia es brutal. La tasa de explotación es altísima, porque el resto del mercado laboral le fija un piso de discusión muy baja

Fuente Urgente24

24 de marzo: ¡Es el capitalismo, estupidos!

Por Ben Ami Schargrodsky
Primera Nota
Hay que ser claros. Las luchas desarrolladas en Argentina, desde la disputa entre Moreno y Saavedra, fueron siempre la guerra entre dos sistemas socio-económicos, uno, ligado a la clase dominante, el otro a la clase dominada. Siempre fue una lucha de clases. En 1810 se enfrentaba, por un lado, el monopolio español y su lógico correlato, el contrabando. Principales beneficiarios de ese sistema fueron Martín de Alzaga ("héroe" de la resistencia en las Invasiones Inglesas) y su socio José Martínez de Hoz. Enfrente estaban quienes propiciaban el libre comercio. Algunos, como San Martín, para favorecer al imperialismo inglés.

Otros, como Belgrano, para lograr la independencia económica, la soberanía política y la justicia social (no inventaste nada, Juan Domingo, lo copiaste). Vencidos los revolucionarios, la lucha se establece entre feudales y capitalistas. Hasta 1880 manejan el país a gusto los feudales (los federales) y a partir de ahí se impone un sistema capitalista dependiente basado en la agroexportación, idéntico al de Kirchner. Hay un tímido desarrollo industrial para satisfacer las necesidades de la oligarquía agropecuaria y la incipiente clase media formada por el empleó público, el pequeño productor, los profesionales, y el recién nacido sector III, el de los servicios. Para dejar bien en claro las cosas, era necesario eliminar cualquier remanente de "salvajes" que "usurpaban"... ¡La tierra que era de ellos y donde habían nacido! Por eso Roca completa el genocidio iniciado por Rosas en la famosa "Campaña al Desierto" ...desierto quedó después de ambas "desertificaciones": el culto Roca, flanqueado por los civilizados Joaquín V.

González y José Martínez de Hoz (¡otra vez!) pagaban 2 pesos fuertes por cada par de testículos de indio varón mayor. A las mujeres y los niños los vendían como esclavos, igual que Videla. Luego, el "maldito" Joaquín, en 1902 exclama enfáticamente: "Deportamos 30 ó 50 anrquistas extranjeros y se acaban las huelgas", cosa que Carlos Pellegrini puso en práctica con la Ley de Residencia. Idéntica proclama de Maza respecto de las huelgas del hospital Vera Barros. Ya lo dijo Marx: "La historia se repite, la primera vez como drama, la segunda como comedia". Y así como Yrigoyen vino a darle "aire" a la clase media, para frenar el entonces incontenible avance mundial de la clase obrera, apoyada en el ejemplo de la revolución Bolchevique, luego vino Perón a hacer lo mismo con la propia clase obrera nacional. La estupidez congénita de los socialdemócratas ya sea en sus variantes radical o socialista, se amalgamó con la sempiterna traición de los stalinistas (mal llamados "comunistas") que en vez de disputarle desde adentro el movimiento de masas al peronismo, se unieron a lo más retrógrado de la oligarquía conservadora y "vacuna". Derrocado Perón se inicia una etapa de ascenso y de toma de conciencia de la clase obrera, con sus picos más altos con Tosco en lo sindical y el PRT en lo político. Así es que se producen el Cordobazo, el Viborazo, la CGT de los Argentinos y una alternativa de poder obrero, el ERP. Una vez más salen el peronismo y el stalinismo en defensa de la burguesía, el PC, asesinando al Che; los Montoneros (creados por Onganía), "ofreciendo" una opción "peronista" al ERP. Después el propio Perón enviaría a su secretario López Rega (¿o se olvidaron que fue Perón quien le dió "empleo" a las 3A?) a poner en "orden" a esos "estúpidos imberbes" que se habían tragado el verso del "socialismo nacional"... ¡Ni socialismo, ni nacional, qué carajo", les dijo el potro.

Videla fue un engranaje de la máquina construida por los oligarcas del siglo XIX, aceitada por los del siglo XX y maximizada por los del siglo XXI. Fue la lógica del movimiento apoyado por la CGT, el PC, el radicalismo, la Iglesia. Sin la complicidad criminal del sindicalismo burocrático, de la "izquierda" y las "democracias" oficiales y de la jerarquía eclesiástica, la dictadura no habría tenido las manos libres para "desaparecer" a 30.000, desterrar a 3.000.000 y aterrar a 30.000.000.

Y del mismo modo que cuando nos torturaban, estaban el cana "malo" y el cana "bueno", a nivel país es idéntico; Videla, Viola, Galtieri y Bignone son los malos (¡otra vez con Martínez de Hoz!) y Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde y Kirchner los buenos. En realidad todos procuran lo mismo, someter al pueblo a los dictados del sistema capitalista del mercado, de los patrones del imperio, el G7, la ONU, la UE, el ALCA, etc. Todos juran defender la independencia, la soberanía, la justicia... parece que nunca leyeron un diario, salvo el de Yrigoyen. Pero todos sin excepciones se empeñan en mantener intacto al mercado y el dinero, o sea, la pobreza masiva como condición necesaria de la riqueza individual, es decir el sistema capitalista que sin tapujos le dice a quien quiera oirlo que lo único que le interesa es el lucro y no importa a qué precio en vidas (humanas y de las otras), recursos, calidad de vida, etc.

24 de marzo: ¡Es el capitalismo, estúpidos!

Por Ben Ami Schargrodsky
Ultima parte

Es increíble la tenacidad de estos "Piñon Fijo de la política" para cumplir los roles que le asignó el poder y el imperio.

Veamos si no la payasada del juicio político a Ibarra, gatopardistas que debería haber sido echado por estar al lado de De la Rúa, no por la muerte de un puñado de boludos que arriesgan sus vidas y las de sus hijos dejados en un baño para bailar al son de músicas extranjeras. Yo no dejo a mi hijo arriba de un inodoro-guardería. Así es que fascistas como Blumberg o Iglesias se dan el lujo de "legislar" con el único voto de su hijo muerto. Cuando fueron ellos los causantes de las muertes de Axel y de los 194. Si Blumberg no hubiera "ocupado" gente que ya desocupada, se ensañó con su hijo, o los "padres" de Cromañón no hubieran aplaudido la política destructora de Menem, la empresa "off-shore" que era Cromañón jamás se hubiera instalado, cosa que no percibieron los diputados que usaron al ejecutivo de chivo expiatorio de sus propias culpas. Y se juntaron todos. Macri, Carrió, el Partido Comunista, Zamora, y...sí...!el peronismo!

Nadie discute ideas. Nadie hace verdadera política. Nadie representa a nadie. Ese fue el enorme éxito del terror videlista, de la "tablita" de M. de Goz y de la "estatización" de la deuda de Cavallo. Métodos que peronistas y radicales siguieron usando sin ruborizarse. Y al cual adhieren "economistas de izquierda" como Lozano de la CTA, hablando de "mejor distribución" y de "modelo", en vez de oponer un sistema solidario a un sistema egoísta.

A 30 años del Genocidio, sacamos como conclusión que la clase dominante no sólo logró domesticar a la clase dominada, sino que le destruyó su ideología, su capacidad de organización, sus métodos de lucha.

Es por eso que hablar hoy de revolución es realmente utópico. Se debe reconstruir la ideología de la clase trabajadora, sus organizaciones dependientes, su metodología propia, sus estrategias de alianzas con las otras clases oprimidas, etc, como para poder pensar nuevamente en una revolución, es decir, un cambio de estructura y de sistema socioeconómico, político y cultural.

No se conmemora un Holocausto contratando cantores, menos aún cuando son familiares de desaparecidos. Estos cantores populares no deberían cantar para acallar la conciencia del fascista Maza, alumno dilecto del genocida Domingo Cavallo (¿o es que también nos olvidamos de éstos?). Sin rencor, sin ánimo de venganza, sin histerismos como los de Blumberg o Cromañón, los que fuimos reales víctimas de los genocidios, somos muy distintos. Es contrastante la serenidad de aquellos que combatimos las dictaduras casi desde la infancia, pues tenemos (y se nos nota en la cara) la satisfacción del deber cumplido a pesar de las derrotas y de los errores que nosotros si hemos asumido autocríticamente. Soportamos dictaduras, sí, pero de Perón hasta hoy, también soportamos tiranías.

No pedimos nada, ni homenajes, ni medallas, ni nada que venga de los patrones, sólo que nos dejen recordar en paz y sin estridencias a nuestros hermanos muertos, secuestrados, desaparecidos, y al dolor que aún persiste en nuestras respectivas cárceles, torturas y exilios. Que yo recuerde, en los sótanos del Cabildo de Córdoba (entonces Jefatura de la Policía) no había "compañeros" con traje y corbata, ni tampoco guitarras y bombos. Había picanas eléctricas, palos de lapacho, submarinos secos y mojados, etc. Dejen que nos abracemos los sobrevivientes que no hemos traicionado nuestras convicciones por un puesto en el Gobierno o un sillón en un sindicato, para renovar nuestro eterno juramento.

¡Nunca más el patrón comerá de tu hambre!

Ben Ami Schargrodsky

LAS DESAPARICIONES QUE SIGUEN...

Venta de la bodega Motegay
Abogados del Banco Galicia piden reabrir investigación
Los abogados Raúl Galván, padre e hijo, en representación del Banco Galicia instaron a reabrir la investigación sobre los camaristas actuantes en la quiebra de Motegay S.A.

CHILECITO, (De nuestra agencia/DIARIO EL INDEPENDIENTE/Hoy). Los abogados Raúl Galván, padre e hijo, representantes legales del Banco de Galicia y Buenos Aires apelaron la resolución del Juez de Instrucción Alfredo Ramos de archivar la causa que investiga el comportamiento de los jueces de la Cámara Civil, Comercial y de Minas de Chilecito en la adjudicación de la bodega Motegay.

Con esto se abre una nueva instancia en lo referente a la tan polémica venta de una de las bodegas emblemáticas de la zona.

La denuncia por Administración Fraudulenta contra los jueces Rubén Rejal, Daniel Flores y Sofía Nader fue expuesta por la firma Seguros de Depósitos S.A. y el Banco de Galicia se sumó como querellante particular, ambos en su condición de acreedores de la ex Motegay. La causa fue archivada por resolución del juez de Instrucción, Alfredo Ramos.

La audiencia de apelación se realizó ayer ante el Tribunal de la Cámara Penal de Chilecito, integrada por su presidente, Eduardo Juárez, y los vocales Alberto Torres y Yolanda Mercado.

Durante su alegato, Raúl Galván (padre) manifestó que “no ha sido claro el obrar del jueces y de los síndicos en la adjudicación de Motegay S.A” y que , “aquí esta en juego la credibilidad de la Justicia”. Sostuvo que el juez Ramos “no cumplió con leyes fundamentales para dictar la resolución y mandar la causa a archivo”. También adelantó que si es “rechazada la apelación, elevarán el pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia”.

El abogado explicó que después del 9 de junio de 2003, cuando Motegay S.A. fue declarada en quiebra, el Banco de Galicia verificó un crédito con privilegio especial por 1.506.068, 33 pesos, un segundo crédito con privilegio con 13.528.003 y un crédito quirografario de 1.001,5 pesos.

En ese entonces, “el tribunal constituido por los doctores Rejal, Flores y Nader, hace un llamado a licitación para la venta en bloque de los bienes de la concursada (Motegay) como una unidad económica en funcionamiento. El 19 de diciembre 2003, la sindicatura presentó el pliego de bases y condiciones para este llamado y el 23 de diciembre, que es el último día hábil del ámbito judicial, en vísperas de la Feria, el tribunal aprueba estas bases y fija para el 2 de febrero de 2004 para que se haga la apertura de los sobres”.


“VENDIDA AL 1,7% DE BASE”

Continuando con su alegato, Galván evocó que el 6 de febrero de ese año tiene lugar la apertura de la licitación que “tiene la curiosidad que es llamado a las 9 con una base de 61.177.178 pesos más IVA, una hora más tarde a las 10, al faltar los oferentes al primer llamado, se establece la base de dos tercios del valor y a las 11 de ese día se decreta sin base la licitación”.

En esas condiciones, prosiguió el abogado y ex senador nacional de la UCR, “aparece una ignota firma con al sigla R.P.V (o B), que ofreció la suma ridícula de 100 mil pesos por la compra de Motegay y (también) aparece la firma que ya venía explotando la empresa, que es American Export, y ofrece 1.027.000 pesos, es decir 1,76 por ciento del valor de la empresa, según el calculo que hicieron los síndicos”.

El Tribunal aprueba la oferta de American Export, con lo cual según Galván, “afectó a muchos acreedores, entre ellos a nuestros mandantes, que no van a cobrar un solo peso”, agregando que “en los fundamentos de esta resolución dice algo que no encontramos lógica, ni contexto jurídico, ni amparo legal, dice la Cámara que se lo aprobó para defender el trabajo de los empleados, esto está fuera de todo contexto: como puede haber razonabilidad en la degradación que hubo en el valor de la empresa”.

También sostuvo que en la fundamentación de la resolución “se reprocha a los potenciales perdedores porque no han hecho lobby, fíjese lo grave (por que) el lobby de acuerdo al diccionario es un grupo de presión, pretendían que lo acreedores tenían que haber hecho lobby para sacar una sentencia favorable”.


DENUNCIA CONTRA LOS CAMARISTAS

En este contexto recordó que la firma Seguro de Depósitos S.A., cuyo responsable legal es el Federico de Achával, formuló una denuncia penal contra los jueces de la Cámara y los síndicos, donde les “imputan haber violado el artículo 173, inciso 7º, del Código Penal, que se refiere a Administración Fraudulenta, aduce falta de transparencia en el proceder de la Cámara, y obviamente pide la investigación pertinente”.

Haciendo referencia a la participación de Banco Galicia en este proceso, su abogado sostiene que “nosotros entramos en el proceso como querellante particular, nos preparamos para intervenir activamente, pero viene la sorpresa a los tres días, cuando el juez de Instrucción Alfredo Ramos decreta el archivo de las actuaciones. Así se nos ha frustrado el derecho”.

Según Galván esa resolución “está hecha textualmente sobre la base de un dictamen fiscal, y en ese sentido es que el fiscal Luján no cumplió con leyes de suma importancia para el proceso”.

Agregó que “el fiscal para fundamentar, empezó a hurgar en una querella de un ex diputado Cerezo, no ha llamado a un sólo testigo, o a un síndico que por la Ley de Quiebras tiene una enorme responsabilidad”, en tanto que el juez Ramos, para mandar la causa a archivo se fundamentó en que “como los empleados clamaban para que esto termine antes, lo terminamos, y vamos a archivo”.

Entrevista a Noam Chomsky

"Por primera vez hay una internacional de la Izquierda"

Por Bernie Dwyer (*)


La presente entrevista se realizó el 8 de febrero de 2006 en el Instituto Tecnológico de Massachussets, Boston, Estados Unidos, antes de la proyección del documental irlandés-cubano Misión contra el terror, dedicado a los Cinco prisioneros políticos cubanos encarcelados en los Estados Unidos por llevar a cabo acciones en Miami, Estados Unidos, para proteger a su país, Cuba, contra el terrorismo.


Noam Chomsky, observador y analista de larga data de la política mundial, saluda el actual surgimiento de gobiernos pro-socialistas en América Latina como verdadera señal de esperanza para la lucha de los países latinoamericanos por su soberanía económica y territorial. En la entrevista, el Profesor Chomsky señala que lo que está sucediendo actualmente es algo completamente nuevo en la historia del hemisferio.

Destaca que también hay un espíritu de cooperación entre los dirigentes de varios países latinoamericanos que no existía antes. El desarrollo de los Foros Sociales Mundiales también puede considerarse como un fenómeno sin precedentes que se encamina hacia una participación más populista en los temas del Sur, como la pobreza, las enfermedades y la falta de educación. Asimismo, el Profesor Chomsky nos recuerda que el Presidente de Cuba Fidel Castro es considerado como un héroe en América Latina por su posición contra el imperialismo de los Estados Unidos.

En general, para América Latina, según Noam Chomsky, llegó la hora de la confianza y la esperanza.

Bernie Dwyer (RHC): Me recuerdo de una famosa canción irlandesa llamada “The West´s Awake” escrita por Thomas Davis en memoria del levantamiento en 1798. Trata sobre el oeste de Irlanda dormido bajo el dominio británico durante cientos de años y cómo ella despierta de su profundo sueño y se levanta contra el opresor. ¿Pudiéramos ahora comenzar a esperar que el Sur despierte?

Noam Chomsky: Lo que está sucediendo es algo completamente nuevo en la historia del hemisferio. Desde la conquista española los países latinoamericanos han estado muy separados entre ellos y orientados hacia el poder imperial. También existen divisiones muy marcadas entre una elite rica minúscula y la inmensa población que sufre. Las elites enviaban su capital, hacían viajes, tenían una segunda residencia, enviaban a sus hijos a estudiar en un país europeo con el que su país estuviera estrechamente relacionado. Quiero decir, incluso los sistemas de transportación estaban orientados hacia el exterior para la exportación de recursos y así sucesivamente.

Por primera vez, comienzan a integrarse y en formas muy diferentes. Venezuela y Cuba constituyen un caso. MERCOSUR, que aún no está funcionando muy bien, es otro caso. Por supuesto, Venezuela acaba de integrar el MERCOSUR, lo que constituye un gran paso hacia delante y que fuera acogida con beneplácito por los presidentes de Argentina y Brasil.

Por primera vez la población india está siendo políticamente activa. Acaban de ganar las elecciones en Bolivia, lo que resulta muy notable. Hay una inmensa población india en Ecuador, incluso en Perú, y algunos de ellos están exigiendo una nación india. Ahora quieren controlar sus propios recursos. De hecho, muchos de ellos no quieren siquiera desarrollar sus recursos. Muchos no ven una razón para que se destruya su cultura y estilo de vida sólo para que las personas puedan sentarse en los embotellamientos del tránsito en Nueva York.

Además, comienzan a expulsar al Fondo Monetario Internacional (FMI). En el pasado, los Estados Unidos podían prevenir acontecimientos indeseables como la independencia en América Latina, mediante la violencia, apoyando los golpes militares, la subversión, la invasión y demás. Eso ya no funciona. La última vez que lo intentaron fue en el 2002 en Venezuela, los Estados Unidos tuvo que retirarse por las enormes protestas de América Latina y, por supuesto, el golpe fue derrotado desde adentro. Eso es muy nuevo.

Si los Estados Unidos pierden las armas económicas de control, se debilitará mucho. Argentina está precisamente desembarazándose del FMI, como ellos dicen. Están pagando las deudas con el FMI. Las reglas del FMI que siguieron tuvieron efectos totalmente desastrosos. Venezuela los está ayudando comprando parte de la deuda argentina.

Probablemente, Bolivia haga lo mismo. Bolivia tuvo 25 años de rigurosa adhesión a las reglas del FMI. Ahora el ingreso per cápita es menor que hace 25 años. Quieren desembarazarse de esto. Los demás países están haciendo lo mismo. El FMI es esencialmente el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es el arma económica que utilizan junto al arma militar para mantener el control. Eso se está desmantelando.

Todo esto está sucediendo a la luz de movimientos populares muy importantes que, en la medida que existieron en el pasado, fueron aplastados mediante la violencia, el terrorismo de estado, la Operación Cóndor, una monstruosidad tras otra. Ya esa arma no está a su disposición.

Además, está la integración Sur-Sur en marcha, de manera que Brasil, Sudáfrica y la India están estableciendo relaciones.

Y una vez más, las fuerzas bajo la superficie que están presionando todo esto son las organizaciones populares internacionales de un tipo que jamás existió antes; las que se reúnen anualmente en el foro social mundial. Hasta la fecha han surgido varios foros sociales mundiales que han dado lugar a otros foros regionales; aquí mismo en Boston hay uno y en muchos otros lugares. Estos son movimientos de masa muy poderosos de un tipo sin precedentes en la historia: las verdaderas internacionales. Todo el mundo ha hablado siempre de las internacionales de la izquierda, pero jamás hubo una. Este es el comienzo de una.

Estos acontecimientos son sumamente importantes. Para los estrategas estadounidenses esto constituye una pesadilla. Quiero decir, la Doctrina Monroe ya tiene 180 años de creada y los Estados Unidos no fueron lo suficientemente poderosos como para ponerla en marcha hasta después de la segunda Guerra Mundial, salvo en la región más cercana.

Después de la segunda Guerra Mundial pudo sacar a los británicos y a los franceses y ponerla en práctica, pero ahora se está desplomando. Estos países también están diversificando sus relaciones internacionales, incluidas las relaciones comerciales. De manera que hay muchas exportaciones a China y la aceptación de inversiones de China. Esto es particularmente válido en el caso de Venezuela, pero también de otros exportadores importantes como Brasil y Chile. Y China está ansiosa por tener acceso a otros recursos de América Latina.

A diferencia de Europa, China no puede ser intimidada. Europa se retracta si los Estados Unidos la miran mal. Pero China ha estado ahí durante 3,000 años y no presta atención a los bárbaros ni tiene necesidad de hacerlo. Los Estados Unidos temen a China, no es una amenaza militar para nadie, y es la menos agresiva de todas las potencias militares de envergadura. Pero no es fácil intimidarla. De hecho, no se puede intimidar. De manera que las interacciones de China con América Latina están atemorizando a los Estados Unidos. Asimismo, América Latina está mejorando sus interacciones económicas con Europa. China y Europa son ahora los principales socios comerciales entre ellas, o están muy próximas a serlo.

Estos acontecimientos están erosionando los medios de dominación del sistema mundial de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos naturalmente están jugando con su carta más fuerte que es el ejército y la fuerza militar de los Estados Unidos es suprema. Los gastos militares en los Estados Unidos son casi la mitad de los gastos mundiales totales, tecnológicamente mucho más avanzados. En América Latina, el número del personal militar estadounidense es probablemente mayor que antes durante la Guerra Fría. Este marcado entrenamiento de oficiales latinoamericanos aumenta.

El entrenamiento de oficiales militares ha pasado del Departamento de Estado al Pentágono, lo que resulta significativo. El Departamento de Estado está bajo una supervisión un tanto débil del Congreso. Con ello quiero decir que existe una legislación que exige condiciones en materia de derechos humanos y demás. No están totalmente en vigencia, pero al menos están ahí. Y el Pentágono está en libertad de hacer lo que quiera. Además, el entrenamiento está pasando al control local. De manera que uno de los objetivos principales es lo que se llama el populismo radical, sabemos lo que quiere decir y los Estados Unidos están creando bases militares en toda la región.

Al parecer, por lo que está diciendo, los Estados Unidos están perdiendo la guerra ideológica y compensándola con el incremento de su presencia militar en la región. ¿Considera usted que Cuba es un actor clave para alentar y quizás influir en lo que está surgiendo actualmente en América Latina?

Fidel Castro, independientemente de lo que puedan pensar de él la gente, es un héroe en América Latina, principalmente porque se enfrentó a los Estados Unidos. Es la primera vez en la historia del hemisferio que alguien se enfrenta a los Estados Unidos. Nadie quiere estar bajo la bota militar, pero es posible que no puedan hacer nada al respecto. De manera que por esa razón solamente, es un héroe en América Latina. Chávez, igual.

El tema ideológico que tan correctamente mencionaste es la repercusión del neoliberalismo. Resulta sorprendente en los últimos veinticinco años, es abrumadoramente cierto, que los países que se han adherido a las reglas neoliberales han experimentado una catástrofe económica y los países que no prestaron atención a las reglas han crecido y se han desarrollado. Asia oriental se ha desarrollado con mucha rapidez ignorando totalmente estas reglas. Chile es considerado una economía de mercado pero eso resulta altamente confuso; su principal exportación es una compañía de cobre estatal muy eficiente nacionalizada durante el gobierno de Allende. Uno no obtiene correlaciones como esta en la economía con mucha frecuencia. La adhesión a las reglas neoliberales se ha asociado con el fracaso económico y la violación de las mismas con el éxito económico: es muy difícil no ver esto. Quizás algunos economistas lo pierdan de vista pero el pueblo no; el pueblo lo vive.

Sí, hay un levantamiento contra esto. Cuba es un símbolo. Venezuela es otro símbolo. Argentina, donde se recuperaron de la catástrofe del FMI violando las reglas y violándolas marcadamente, y expulsando al FMI. Bueno, esta es la cuestión ideológica. El FMI es simplemente un nombre para el arma económica de dominación que se está erosionando.

¿Por qué cree usted que este movimiento actual es diferente de la lucha que se libró antes? En Chile, por ejemplo, donde lograron derrotar a la dictadura militar. ¿Qué nos da más esperanzas en esta etapa específica de liberación para América Latina?

En primer lugar, en el decenio de 1960 había esperanzas en América Latina, pero ésta fue aplastada por la violencia. Chile transitaba por un camino dirigido hacia alguna forma de socialismo democrático pero sabemos lo que sucedió. Ese fue el primer 11 de septiembre en 1973, una verdadera catástrofe. La dictadura en Chile, que es una historia de horror que también condujo al desastre económico en Chile provocando la peor recesión de su historia. Entonces el ejército entregó el poder a los civiles. Aún está allí, por eso Chile aún no se ha liberado completamente. Parcialmente se ha liberado de la dictadura militar; y los demás países aún más.

De manera que, por ejemplo, recuerdo haber viajado a Argentina y Chile hace un par de años y la broma más común en ambos países era que el pueblo decía que hubieran querido que el ejército chileno fuera lo suficientemente estúpido como para declarar la guerra a Francia o a alguna potencia de importancia para que los hubieran derrotado y desacreditado y entonces el pueblo sería libre como en Argentina, donde el ejército quedó desacreditado por su derrota militar.

Pero ha habido un lento proceso en cada uno de estos países, Argentina, Brasil, Bolivia, y ha habido un proceso de derrocamiento de las dictaduras dominantes –dictaduras militares- que casi siempre han estado respaldadas y, algunas veces han sido hasta creadas, por los Estados Unidos.

Ahora se están apoyando los unos a los otros y los Estados Unidos no pueden recurrir a las mismas políticas. Tomemos el caso de Brasil, si Lula se hubiera postulado en 1963, los Estados Unidos hubieran hecho lo que hicieron cuando Goulart era Presidente en 1963. El gobierno de Kennedy simplemente planificó una dictadura militar. Tuvo lugar un golpe militar y se desembarazaron de eso. Y eso es precisamente lo que está pasando en todo el hemisferio.

Ahora, hay muchas esperanzas porque esto no pueden hacerlo y porque también hay cooperación.

También hay un movimiento hacia la independencia: política, económica y social, acceso a sus propios recursos, promoción de cambios sociales que puedan dar solución a los grandes problemas internos de América Latina, que son terribles. Y una gran parte de los problemas en América Latina son simplemente problemas internos. En América Latina, los ricos jamás han tenido responsabilidades. Hacen lo que quieren.

¿Cree usted que el reciente crecimiento y la fuerza de los movimientos sociales de amplia base en diversos países de América Latina han desempeñado un papel importante en el ascenso de gobiernos progresistas en la región?

No puede haber ninguna duda al respecto. América Latina cuenta, en mi opinión, con los movimientos populares más importantes del mundo: el MST (Movimiento de Trabajadores sin Tierra) en Brasil, los movimientos indígenas en Bolivia y otros. Eso representa el vigor y la vitalidad de la democracia en gran parte de América Latina hoy –denunciado en Occidente como “populismo”, término que se traduce en “amenaza para el gobierno de la elite con marginalización del pueblo en sistemas con formas democráticas pero sólo con sustancia limitada”, los naturalmente preferidos por el poder privado y estatal concentrado.




(*) Graduada en filosofía, periodista. Irlanda. Entrevista transmitida por Radio Cuba Internacional.

Democracia y Derechos Humanos en Argentina

Breves antecedentes de historia política

La inestabilidad política y la tradición de las intervenciones militares en la historia reciente de Argentina ha sido frecuente, pues esta práctica se había convertido en un mecanismo de resolución periódica de crisis, en un sistema caracterizado por una movilización política alta junto a una baja capacidad institucional para dirimir los conflictos sociales. Después están las transformaciones económicas y sociales, en particular la que experimentó Argentina tras la depresión económica provocada por la crisis mundial de 1929, que afectó gravemente al tradicional modelo de desarrollo agrario y exportador. De 1930 a 1983, la política argentina ha vivido una sucesión inestable de gobiernos, y en ese periodo sólo hubo una administración que gobernara seguido casi diez años, la del presidente Perón entre 1946 y 1955. Se produjeron seis golpes militares de importancia (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976), aparte de otros menores, sumando entre las diversas ocasiones un total de veintidós años de gobierno militar. El resto quedó repartido entre trece años de gobiernos populistas de corte corporativo y diecinueve años de democracia restringida, ya que alguno de los partidos mayoritarios estaba prohibido (los Radicales en los años 30 y los Peronistas en los años 60).

Durante la década de gobierno peronista, la crisis económica se intentó superar con una industrialización y una urbanización acelerada, patrocinadas ambas por el Estado. Estas políticas produjeron unas transformaciones económicas y sociales muy importantes, con resultados tangibles en la elevación del nivel de vida de la población, que reavivó el sueño de la abundancia en Argentina. Otra consecuencia fue un cambio sustancial y acelerado en el orden tradicional, que avivó las suspicacias derivadas de los conflictos de clase. Pero las bases de ese desarrollo eran endebles y por ello las consecuencias de ese conflicto fueron dramáticas. Por un lado estaba la difícil acomodación de las tradicionales elites procedentes de la oligarquía agraria, frente a la nueva burguesía ligada a la industrialización protegida y a un sector público cada vez mayor. Por otro estaba la incapacidad del sistema para satisfacer continuamente las crecientes demandas de los sectores populares, cuya organización y movilización había aumentado bajo la protección estatal.

En medio de ese conflicto de intereses a varias bandas y sin ningún sector capaz de imponer su hegemonía, cuando la economía se volvió inestable y con tendencia al estancamiento, la política se tornó también inestable y muy polarizada. El momento más crítico ocurrió entre 1955 y 1983, ya que hubo dieciocho presidentes y todos los que fueron electos acabaron derrocados. En ese contexto, las Fuerzas Armadas emergieron otra vez como árbitro y último recurso del sistema para solventar las situaciones de crisis. Además, se prohibió al peronismo actuar dentro del sistema político, a pesar de que seguía manteniendo una gran capacidad de arrastre entre los sectores populares donde cundía el descontento social. De ese modo se provocó una radicalización de sus bases y un anhelo de vindicación histórica, unas circunstancias que fueron muy difíciles de manejar por el mismo Perón cuando su partido accedió de nuevo al gobierno tras las elecciones de 1973. En ese momento la burguesía industrial había adquirido mayor independencia para defender sus intereses frente a la ofensiva sindical, de modo que ya no funcionaban tan fácilmente los esquemas corporativos del populismo.

Tras su muerte un año más tarde, que coincidió con las secuelas de la crisis internacional del petróleo, la situación económica y social se tornó aún más inmanejable y el movimiento peronista acabó escindiéndose. Así apareció el sector más derechista, encabezado por Isabel Perón y López Rega, que se aproximó a los militares y al empresariado, y pretendió contrarrestar el poder de los sindicatos. También lanzó una batalla contra los grupos guerrilleros mediante el terrorismo de Estado que aplicó la organización clandestina conocida como Triple A. La guerrilla había surgido de los movimientos más radicales del peronismo, conocidos como Montoneros, y de las filas del trotskismo, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Sus militantes procedían de sectores medios educados y muy activos políticamente, que vivían una gran frustración porque no podían beneficiarse de la movilidad social que experimentaron generaciones anteriores. Esta situación les llevó a pretender alianzas con la clase obrera desde una perspectiva visionaria sobre las posibilidades de una transformación social profunda, con una estrategia de acción que no excluía la lucha armada.

La dictadura militar y las violaciones de los derechos humanos

A pesar de los antecedentes mencionados del intervencionismo militar ante situaciones de crisis, la evolución de los acontecimientos en esa época siguió una pauta desconocida, ya que los gobiernos surgidos del golpe de estado de marzo de 1976 desencadenaron una gran oleada represiva y con unas características sin precedentes. La acción no se limitó a combatir a aquellos grupos guerrilleros que se habían alzado en armas contra el sistema, sino que se produjo una auténtica operación de aniquilación de la izquierda y de buena parte de la intelectualidad, porque los militares consideraban que en esos sectores anidaba la base política que propugnaba las transformaciones sociales. En definitiva, los militares argentinos aplicaron la doctrina de seguridad nacional, una ideología reaccionaria provinente de Estados Unidos, que desde los años sesenta se extendió por toda América Latina con el pretexto de combatir los brotes revolucionarios.

La violencia represora adquirió una dimensión estremecedora, con prácticas de torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Además, la infraestructura del terror se procuró mantener de forma clandestina, pues se quería evitar dejar rastro de la represión y permitir así al gobierno militar escapar a la responsabilidad en la violación de los derechos humanos. Conviene recordar que esa época coincidió con la presidencia de Carter en Estados Unidos, que promovía una política internacional de defensa de los derechos humanos y mantuvo tensas relaciones con la dictadura argentina. Pero no duró mucho tiempo ese aislamiento, ya que en 1981 accedió Reagan a la Casa Blanca y mejoraron notablemente las relaciones con los gobiernos militares. Incluso hubo una cooperación de los militares argentinos en las operaciones de contrainsurgencia que Estados Unidos mantenía en algunos países de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras) y en el apoyo de los grupos armados contra el gobierno de Nicaragua.

Los gobiernos de las Juntas militares procedieron también a reorganizar el sistema económico, con una liberalización que apostaba por un modelo de acumulación asentado principalmente en los sectores tradicionales de exportación agropecuaria, con la intención de restaurar el orden social anterior. De ese modo, se pretendía socavar el poder que los sectores populares adquirieron bajo el populismo en las décadas recientes, cuyo máximo exponente era la clase obrera sindicalizada. Este programa se llevó adelante de una forma radical, a pesar del riesgo que conllevaba una apertura indiscriminada para la industria del país, ya que una buena parte de ella era poco competitiva. Además, como el desempeño económico en esos años no fue nada extraordinario, se recurrió peligrosamente al endeudamiento externo para satisfacer las necesidades financieras de un sistema económico que tenía una escasa capacidad de generar ahorro interno. Así se fraguó una tendencia económica donde la producción real era baja y la especulación iba en aumento, cuyo resultado fue una sucesión de crisis financieras que llevaban a la economía al colapso.

Entre el desgaste producido por la represión política y la incapacidad para gestionar la crisis económica, los gobiernos de las juntas militares fueron perdiendo legitimidad, y empezó a cundir entre algunos miembros de las Fuerzas Armadas la idea de preparar una sucesión política al régimen militar, devolviendo el poder a los civiles. Entonces fue cuando el presidente de la Junta Militar, el general Galtieri, decidió en 1982 una arriesgada maniobra para recuperar la iniciativa política: ocupar las Islas Malvinas, una posesión británica en el Atlántico Sur históricamente reivindicada por los gobiernos argentinos, con la intención de forzar una negociación con el Reino Unido. En un principio la acción obtuvo rendimientos inmediatos, pues la operación militar fue rápida, sencilla y contundente. También recuperó el respaldo popular, ya que funcionaron los resortes de apelación al fervor nacionalista. Pero fallaron los cálculos sobre la respuesta solidaria de la comunidad internacional, particularmente Estados Unidos, y también sobre las expectativas de obtener alguna concesión del gobierno británico. La primera ministra, Margaret Thatcher, se mostró intransigente y también decidió cerrar filas en su propio país para obtener beneficios políticos internos.

La transición democrática y los derechos humanos: memoria, verdad y justicia

Tras el hundimiento del régimen militar por su propia incapacidad para gestionar la crisis económica y el fracaso en la guerra de las Malvinas, se produjo una rápida transición política que llevó a la recuperación de la democracia en 1983. La conciencia del horror paulatinamente se fue haciendo pública en la sociedad, porque los grupos activistas de derechos humanos pugnaron por el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los culpables. En respuesta a esa demanda social el gobierno democrático estableció una Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas (CONADEP), que en 1984 emitió un informe que se denominó Nunca Más. En el se confirmaba la desaparición de casi 9.000 personas, se certificaba la existencia de 340 centros clandestinos de detención y tortura, y se establecía una relación de personas que habían cooperado con la represión.

A medida que se fueron conociendo los hechos se produjo un efecto revulsivo en la conciencia de una buena parte de la sociedad argentina, que se tradujo en un clamor por la demanda de justicia. Mediante un decreto-ley el gobierno de Alfonsín anuló en diciembre de 1983 la Ley de Pacificación Nacional, una suerte de amnistía que se había concedido la misma Junta Militar, para disponer el procesamiento de los militares implicados. Así se iniciaron los juicios contra los integrantes de la Junta, donde el general Videla y el almirante Massera fueron condenados a cadena perpetua, mientras que el general Viola afrontó una pena de 17 años.

Con este acto de procesamiento y condena de la máxima jerarquía de la dictadura, el gobierno esperaba dar por concluidas las obligaciones con la justicia y pretendía que no hubiera más inculpados, porque entendía que quienes habían obedecido órdenes no deberían estar sujetos a acusación. De este modo el gobierno creía cumplir con el efecto necesario de depuración en la institución militar, a la vez que esperaba recuperarla para el sistema democrático. Sin embargo, con los datos de la CONADEP se continuaron presentando casos ante los tribunales contra altos mandos y oficiales militares.

El avance y los resultados de estos procesos judiciales generaron una gran conmoción en el seno de las Fuerzas Armadas, y el gobierno del presidente Raúl Alfonsín tuvo que enfrentar una presión muy fuerte por parte de la jerarquía militar y de los grupos fácticos que habían apoyado a la dictadura, que se manifestó en varias intentonas golpistas. De ahí surgió una amenaza de inestabilidad para el sistema democrático, que se encontraba en una posición muy débil por la fragilidad de las instituciones y la catastrófica situación económica heredada de la dictadura. El gobierno de Alfonsín, intimidado por la rebelión militar, resolvió la aplicación de dos leyes que abrieron las puertas al olvido y a la impunidad: la Ley de Punto Final, de diciembre de 1986, y la Ley de Obediencia Debida, de junio de 1987.

Más adelante, en 1989 asumió el gobierno Carlos Menem con la intención de dar por cerradas las cuentas con el pasado y recomponer la relación cívico-militar mediante la subordinación castrense al mando civil. Aprobó un decreto ley dictaminando un indulto, una medida que supuso un cambio significativo, pues en el peronismo había sectores que se habían mostrado reticentes con las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Con todo, hubo de enfrentar nuevas presiones militares e, incluso, tuvo que aplacar una rebelión de un grupo conocido como los “carapintadas”. Como resultado, aunque logró restaurar el orden y reforzar la jerarquía, Menem acabó decretando en 1991 un nuevo indulto que benefició a algunos dirigentes guerrilleros y a los militares condenados.

La lucha tenaz contra la impunidad

Estas acciones provocaron una reacción por parte de las víctimas, sus familiares y las organizaciones de derechos humanos, que continuaron con sus esfuerzos para evitar que la memoria de esos años cayera en el olvido y también para lograr el castigo efectivo de los culpables. Entre esas organizaciones son muy conocidas las Madres de la Plaza de Mayo, las Abuelas de la Plaza de Mayo y el grupo HIJOS. Encontraron apoyos en determinados sectores políticos, en ámbitos profesionales y académicos y también de algunas personas dentro del poder legislativo y judicial. Gracias a esa colaboración ampliada se han obtenido algunos resultados concretos mediante juicios, revisiones legislativas y decisiones de tribunales internacionales, como el Tribunal Interamericano para los Derechos Humanos (TIADH). También se ha conseguido que aumentaran los testimonios y la documentación en poder de la CONADEP.

Aunque los sucesivos gobiernos no se han mostrado favorables a los procesamientos generalizados, ni atiendan a los llamamientos de extradición por causas abiertas en otros países, dos circunstancias que muestran las dificultades para revertir la doctrina del perdón como pauta extendida, tampoco se pude decir que la impunidad haya logrado instalarse definitivamente y se haya esfumado la opción del castigo. Esto se ha visto especialmente desde que se investigaron los casos de los hijos de los desaparecidos, un delito que estaba excluido de los beneficios de la Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. De ese modo se pudo procesar y condenar en 1998 a Videla, Massera, Nicolaides y Bignone, por cargos de secuestro y adopción ilegal de menores, y se instauró una nueva vía de investigación que ha permitido abrir nuevos casos.

También, como resultado de las indicaciones del Tribunal Interamericano para los Derechos Humanos, los gobiernos argentinos han atendido aproximadamente 20.000 solicitudes de antiguos presos políticos para recibir compensaciones y reparaciones económicas. Otra disposición del tribunal internacional obligó al gobierno argentino a cooperar con “el derecho a saber”. Un ejemplo sería la creación de la Comisión Nacional para el Derecho a la Identidad, que trabaja con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Estas instituciones fueron fundamentales para la localización de los niños desaparecidos. Finalmente, en 1998 se alcanzó un acuerdo histórico entre los dos partidos mayoritarios argentinos –UCR y PJ- para derogar las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, pero con la condición de excluir toda aplicación retroactiva. Esta fórmula de compromiso, que significa únicamente una responsabilidad simbólica con el pasado, no ha sido bien recibida entre las víctimas y sus familiares. En cualquier caso, es una muestra más del largo recorrido que ha experimentado la sociedad argentina para avanzar pasos en el duro enfrentamiento con su historia.


Francesc Bayo
Investigador de la Fundación CIDOB
Septiembre 2004


Enlaces de información


1. Organismos gubernamentales y oficiales

Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)
http://www.nuncamas.org/index.htm

Secretaría de Derechos Humanos
http://www.derhuman.jus.gov.ar/homepage.htm

Archivo de la Memoria (Escuela Mecánica de la Armada)
http://www.derhuman.jus.gov.ar/espacioparalamemoria/#




2. Organizaciones no gubernamentales


Abuelas de la Plaza de Mayo
http://www.abuelas.org.ar/

Asociación Madres de la Plaza de Mayo
http://www.madres.org/

Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos
http://www.exdesaparecidos.org.ar/

Centro de Estudios Legales y Sociales
http://www.cels.org.ar/Site_cels/index.html

Proyecto Desaparecidos en Argentina
http://www.desaparecidos.org/arg/





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