Democracia y Derechos Humanos en Argentina

Breves antecedentes de historia política

La inestabilidad política y la tradición de las intervenciones militares en la historia reciente de Argentina ha sido frecuente, pues esta práctica se había convertido en un mecanismo de resolución periódica de crisis, en un sistema caracterizado por una movilización política alta junto a una baja capacidad institucional para dirimir los conflictos sociales. Después están las transformaciones económicas y sociales, en particular la que experimentó Argentina tras la depresión económica provocada por la crisis mundial de 1929, que afectó gravemente al tradicional modelo de desarrollo agrario y exportador. De 1930 a 1983, la política argentina ha vivido una sucesión inestable de gobiernos, y en ese periodo sólo hubo una administración que gobernara seguido casi diez años, la del presidente Perón entre 1946 y 1955. Se produjeron seis golpes militares de importancia (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976), aparte de otros menores, sumando entre las diversas ocasiones un total de veintidós años de gobierno militar. El resto quedó repartido entre trece años de gobiernos populistas de corte corporativo y diecinueve años de democracia restringida, ya que alguno de los partidos mayoritarios estaba prohibido (los Radicales en los años 30 y los Peronistas en los años 60).

Durante la década de gobierno peronista, la crisis económica se intentó superar con una industrialización y una urbanización acelerada, patrocinadas ambas por el Estado. Estas políticas produjeron unas transformaciones económicas y sociales muy importantes, con resultados tangibles en la elevación del nivel de vida de la población, que reavivó el sueño de la abundancia en Argentina. Otra consecuencia fue un cambio sustancial y acelerado en el orden tradicional, que avivó las suspicacias derivadas de los conflictos de clase. Pero las bases de ese desarrollo eran endebles y por ello las consecuencias de ese conflicto fueron dramáticas. Por un lado estaba la difícil acomodación de las tradicionales elites procedentes de la oligarquía agraria, frente a la nueva burguesía ligada a la industrialización protegida y a un sector público cada vez mayor. Por otro estaba la incapacidad del sistema para satisfacer continuamente las crecientes demandas de los sectores populares, cuya organización y movilización había aumentado bajo la protección estatal.

En medio de ese conflicto de intereses a varias bandas y sin ningún sector capaz de imponer su hegemonía, cuando la economía se volvió inestable y con tendencia al estancamiento, la política se tornó también inestable y muy polarizada. El momento más crítico ocurrió entre 1955 y 1983, ya que hubo dieciocho presidentes y todos los que fueron electos acabaron derrocados. En ese contexto, las Fuerzas Armadas emergieron otra vez como árbitro y último recurso del sistema para solventar las situaciones de crisis. Además, se prohibió al peronismo actuar dentro del sistema político, a pesar de que seguía manteniendo una gran capacidad de arrastre entre los sectores populares donde cundía el descontento social. De ese modo se provocó una radicalización de sus bases y un anhelo de vindicación histórica, unas circunstancias que fueron muy difíciles de manejar por el mismo Perón cuando su partido accedió de nuevo al gobierno tras las elecciones de 1973. En ese momento la burguesía industrial había adquirido mayor independencia para defender sus intereses frente a la ofensiva sindical, de modo que ya no funcionaban tan fácilmente los esquemas corporativos del populismo.

Tras su muerte un año más tarde, que coincidió con las secuelas de la crisis internacional del petróleo, la situación económica y social se tornó aún más inmanejable y el movimiento peronista acabó escindiéndose. Así apareció el sector más derechista, encabezado por Isabel Perón y López Rega, que se aproximó a los militares y al empresariado, y pretendió contrarrestar el poder de los sindicatos. También lanzó una batalla contra los grupos guerrilleros mediante el terrorismo de Estado que aplicó la organización clandestina conocida como Triple A. La guerrilla había surgido de los movimientos más radicales del peronismo, conocidos como Montoneros, y de las filas del trotskismo, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Sus militantes procedían de sectores medios educados y muy activos políticamente, que vivían una gran frustración porque no podían beneficiarse de la movilidad social que experimentaron generaciones anteriores. Esta situación les llevó a pretender alianzas con la clase obrera desde una perspectiva visionaria sobre las posibilidades de una transformación social profunda, con una estrategia de acción que no excluía la lucha armada.

La dictadura militar y las violaciones de los derechos humanos

A pesar de los antecedentes mencionados del intervencionismo militar ante situaciones de crisis, la evolución de los acontecimientos en esa época siguió una pauta desconocida, ya que los gobiernos surgidos del golpe de estado de marzo de 1976 desencadenaron una gran oleada represiva y con unas características sin precedentes. La acción no se limitó a combatir a aquellos grupos guerrilleros que se habían alzado en armas contra el sistema, sino que se produjo una auténtica operación de aniquilación de la izquierda y de buena parte de la intelectualidad, porque los militares consideraban que en esos sectores anidaba la base política que propugnaba las transformaciones sociales. En definitiva, los militares argentinos aplicaron la doctrina de seguridad nacional, una ideología reaccionaria provinente de Estados Unidos, que desde los años sesenta se extendió por toda América Latina con el pretexto de combatir los brotes revolucionarios.

La violencia represora adquirió una dimensión estremecedora, con prácticas de torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Además, la infraestructura del terror se procuró mantener de forma clandestina, pues se quería evitar dejar rastro de la represión y permitir así al gobierno militar escapar a la responsabilidad en la violación de los derechos humanos. Conviene recordar que esa época coincidió con la presidencia de Carter en Estados Unidos, que promovía una política internacional de defensa de los derechos humanos y mantuvo tensas relaciones con la dictadura argentina. Pero no duró mucho tiempo ese aislamiento, ya que en 1981 accedió Reagan a la Casa Blanca y mejoraron notablemente las relaciones con los gobiernos militares. Incluso hubo una cooperación de los militares argentinos en las operaciones de contrainsurgencia que Estados Unidos mantenía en algunos países de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras) y en el apoyo de los grupos armados contra el gobierno de Nicaragua.

Los gobiernos de las Juntas militares procedieron también a reorganizar el sistema económico, con una liberalización que apostaba por un modelo de acumulación asentado principalmente en los sectores tradicionales de exportación agropecuaria, con la intención de restaurar el orden social anterior. De ese modo, se pretendía socavar el poder que los sectores populares adquirieron bajo el populismo en las décadas recientes, cuyo máximo exponente era la clase obrera sindicalizada. Este programa se llevó adelante de una forma radical, a pesar del riesgo que conllevaba una apertura indiscriminada para la industria del país, ya que una buena parte de ella era poco competitiva. Además, como el desempeño económico en esos años no fue nada extraordinario, se recurrió peligrosamente al endeudamiento externo para satisfacer las necesidades financieras de un sistema económico que tenía una escasa capacidad de generar ahorro interno. Así se fraguó una tendencia económica donde la producción real era baja y la especulación iba en aumento, cuyo resultado fue una sucesión de crisis financieras que llevaban a la economía al colapso.

Entre el desgaste producido por la represión política y la incapacidad para gestionar la crisis económica, los gobiernos de las juntas militares fueron perdiendo legitimidad, y empezó a cundir entre algunos miembros de las Fuerzas Armadas la idea de preparar una sucesión política al régimen militar, devolviendo el poder a los civiles. Entonces fue cuando el presidente de la Junta Militar, el general Galtieri, decidió en 1982 una arriesgada maniobra para recuperar la iniciativa política: ocupar las Islas Malvinas, una posesión británica en el Atlántico Sur históricamente reivindicada por los gobiernos argentinos, con la intención de forzar una negociación con el Reino Unido. En un principio la acción obtuvo rendimientos inmediatos, pues la operación militar fue rápida, sencilla y contundente. También recuperó el respaldo popular, ya que funcionaron los resortes de apelación al fervor nacionalista. Pero fallaron los cálculos sobre la respuesta solidaria de la comunidad internacional, particularmente Estados Unidos, y también sobre las expectativas de obtener alguna concesión del gobierno británico. La primera ministra, Margaret Thatcher, se mostró intransigente y también decidió cerrar filas en su propio país para obtener beneficios políticos internos.

La transición democrática y los derechos humanos: memoria, verdad y justicia

Tras el hundimiento del régimen militar por su propia incapacidad para gestionar la crisis económica y el fracaso en la guerra de las Malvinas, se produjo una rápida transición política que llevó a la recuperación de la democracia en 1983. La conciencia del horror paulatinamente se fue haciendo pública en la sociedad, porque los grupos activistas de derechos humanos pugnaron por el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los culpables. En respuesta a esa demanda social el gobierno democrático estableció una Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas (CONADEP), que en 1984 emitió un informe que se denominó Nunca Más. En el se confirmaba la desaparición de casi 9.000 personas, se certificaba la existencia de 340 centros clandestinos de detención y tortura, y se establecía una relación de personas que habían cooperado con la represión.

A medida que se fueron conociendo los hechos se produjo un efecto revulsivo en la conciencia de una buena parte de la sociedad argentina, que se tradujo en un clamor por la demanda de justicia. Mediante un decreto-ley el gobierno de Alfonsín anuló en diciembre de 1983 la Ley de Pacificación Nacional, una suerte de amnistía que se había concedido la misma Junta Militar, para disponer el procesamiento de los militares implicados. Así se iniciaron los juicios contra los integrantes de la Junta, donde el general Videla y el almirante Massera fueron condenados a cadena perpetua, mientras que el general Viola afrontó una pena de 17 años.

Con este acto de procesamiento y condena de la máxima jerarquía de la dictadura, el gobierno esperaba dar por concluidas las obligaciones con la justicia y pretendía que no hubiera más inculpados, porque entendía que quienes habían obedecido órdenes no deberían estar sujetos a acusación. De este modo el gobierno creía cumplir con el efecto necesario de depuración en la institución militar, a la vez que esperaba recuperarla para el sistema democrático. Sin embargo, con los datos de la CONADEP se continuaron presentando casos ante los tribunales contra altos mandos y oficiales militares.

El avance y los resultados de estos procesos judiciales generaron una gran conmoción en el seno de las Fuerzas Armadas, y el gobierno del presidente Raúl Alfonsín tuvo que enfrentar una presión muy fuerte por parte de la jerarquía militar y de los grupos fácticos que habían apoyado a la dictadura, que se manifestó en varias intentonas golpistas. De ahí surgió una amenaza de inestabilidad para el sistema democrático, que se encontraba en una posición muy débil por la fragilidad de las instituciones y la catastrófica situación económica heredada de la dictadura. El gobierno de Alfonsín, intimidado por la rebelión militar, resolvió la aplicación de dos leyes que abrieron las puertas al olvido y a la impunidad: la Ley de Punto Final, de diciembre de 1986, y la Ley de Obediencia Debida, de junio de 1987.

Más adelante, en 1989 asumió el gobierno Carlos Menem con la intención de dar por cerradas las cuentas con el pasado y recomponer la relación cívico-militar mediante la subordinación castrense al mando civil. Aprobó un decreto ley dictaminando un indulto, una medida que supuso un cambio significativo, pues en el peronismo había sectores que se habían mostrado reticentes con las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Con todo, hubo de enfrentar nuevas presiones militares e, incluso, tuvo que aplacar una rebelión de un grupo conocido como los “carapintadas”. Como resultado, aunque logró restaurar el orden y reforzar la jerarquía, Menem acabó decretando en 1991 un nuevo indulto que benefició a algunos dirigentes guerrilleros y a los militares condenados.

La lucha tenaz contra la impunidad

Estas acciones provocaron una reacción por parte de las víctimas, sus familiares y las organizaciones de derechos humanos, que continuaron con sus esfuerzos para evitar que la memoria de esos años cayera en el olvido y también para lograr el castigo efectivo de los culpables. Entre esas organizaciones son muy conocidas las Madres de la Plaza de Mayo, las Abuelas de la Plaza de Mayo y el grupo HIJOS. Encontraron apoyos en determinados sectores políticos, en ámbitos profesionales y académicos y también de algunas personas dentro del poder legislativo y judicial. Gracias a esa colaboración ampliada se han obtenido algunos resultados concretos mediante juicios, revisiones legislativas y decisiones de tribunales internacionales, como el Tribunal Interamericano para los Derechos Humanos (TIADH). También se ha conseguido que aumentaran los testimonios y la documentación en poder de la CONADEP.

Aunque los sucesivos gobiernos no se han mostrado favorables a los procesamientos generalizados, ni atiendan a los llamamientos de extradición por causas abiertas en otros países, dos circunstancias que muestran las dificultades para revertir la doctrina del perdón como pauta extendida, tampoco se pude decir que la impunidad haya logrado instalarse definitivamente y se haya esfumado la opción del castigo. Esto se ha visto especialmente desde que se investigaron los casos de los hijos de los desaparecidos, un delito que estaba excluido de los beneficios de la Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. De ese modo se pudo procesar y condenar en 1998 a Videla, Massera, Nicolaides y Bignone, por cargos de secuestro y adopción ilegal de menores, y se instauró una nueva vía de investigación que ha permitido abrir nuevos casos.

También, como resultado de las indicaciones del Tribunal Interamericano para los Derechos Humanos, los gobiernos argentinos han atendido aproximadamente 20.000 solicitudes de antiguos presos políticos para recibir compensaciones y reparaciones económicas. Otra disposición del tribunal internacional obligó al gobierno argentino a cooperar con “el derecho a saber”. Un ejemplo sería la creación de la Comisión Nacional para el Derecho a la Identidad, que trabaja con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Estas instituciones fueron fundamentales para la localización de los niños desaparecidos. Finalmente, en 1998 se alcanzó un acuerdo histórico entre los dos partidos mayoritarios argentinos –UCR y PJ- para derogar las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, pero con la condición de excluir toda aplicación retroactiva. Esta fórmula de compromiso, que significa únicamente una responsabilidad simbólica con el pasado, no ha sido bien recibida entre las víctimas y sus familiares. En cualquier caso, es una muestra más del largo recorrido que ha experimentado la sociedad argentina para avanzar pasos en el duro enfrentamiento con su historia.


Francesc Bayo
Investigador de la Fundación CIDOB
Septiembre 2004


Enlaces de información


1. Organismos gubernamentales y oficiales

Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)
http://www.nuncamas.org/index.htm

Secretaría de Derechos Humanos
http://www.derhuman.jus.gov.ar/homepage.htm

Archivo de la Memoria (Escuela Mecánica de la Armada)
http://www.derhuman.jus.gov.ar/espacioparalamemoria/#




2. Organizaciones no gubernamentales


Abuelas de la Plaza de Mayo
http://www.abuelas.org.ar/

Asociación Madres de la Plaza de Mayo
http://www.madres.org/

Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos
http://www.exdesaparecidos.org.ar/

Centro de Estudios Legales y Sociales
http://www.cels.org.ar/Site_cels/index.html

Proyecto Desaparecidos en Argentina
http://www.desaparecidos.org/arg/





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