Venta de la bodega Motegay
Abogados del Banco Galicia piden reabrir investigación
Los abogados Raúl Galván, padre e hijo, en representación del Banco Galicia instaron a reabrir la investigación sobre los camaristas actuantes en la quiebra de Motegay S.A.
CHILECITO, (De nuestra agencia/DIARIO EL INDEPENDIENTE/Hoy). Los abogados Raúl Galván, padre e hijo, representantes legales del Banco de Galicia y Buenos Aires apelaron la resolución del Juez de Instrucción Alfredo Ramos de archivar la causa que investiga el comportamiento de los jueces de la Cámara Civil, Comercial y de Minas de Chilecito en la adjudicación de la bodega Motegay.
Con esto se abre una nueva instancia en lo referente a la tan polémica venta de una de las bodegas emblemáticas de la zona.
La denuncia por Administración Fraudulenta contra los jueces Rubén Rejal, Daniel Flores y Sofía Nader fue expuesta por la firma Seguros de Depósitos S.A. y el Banco de Galicia se sumó como querellante particular, ambos en su condición de acreedores de la ex Motegay. La causa fue archivada por resolución del juez de Instrucción, Alfredo Ramos.
La audiencia de apelación se realizó ayer ante el Tribunal de la Cámara Penal de Chilecito, integrada por su presidente, Eduardo Juárez, y los vocales Alberto Torres y Yolanda Mercado.
Durante su alegato, Raúl Galván (padre) manifestó que “no ha sido claro el obrar del jueces y de los síndicos en la adjudicación de Motegay S.A” y que , “aquí esta en juego la credibilidad de la Justicia”. Sostuvo que el juez Ramos “no cumplió con leyes fundamentales para dictar la resolución y mandar la causa a archivo”. También adelantó que si es “rechazada la apelación, elevarán el pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia”.
El abogado explicó que después del 9 de junio de 2003, cuando Motegay S.A. fue declarada en quiebra, el Banco de Galicia verificó un crédito con privilegio especial por 1.506.068, 33 pesos, un segundo crédito con privilegio con 13.528.003 y un crédito quirografario de 1.001,5 pesos.
En ese entonces, “el tribunal constituido por los doctores Rejal, Flores y Nader, hace un llamado a licitación para la venta en bloque de los bienes de la concursada (Motegay) como una unidad económica en funcionamiento. El 19 de diciembre 2003, la sindicatura presentó el pliego de bases y condiciones para este llamado y el 23 de diciembre, que es el último día hábil del ámbito judicial, en vísperas de la Feria, el tribunal aprueba estas bases y fija para el 2 de febrero de 2004 para que se haga la apertura de los sobres”.
“VENDIDA AL 1,7% DE BASE”
Continuando con su alegato, Galván evocó que el 6 de febrero de ese año tiene lugar la apertura de la licitación que “tiene la curiosidad que es llamado a las 9 con una base de 61.177.178 pesos más IVA, una hora más tarde a las 10, al faltar los oferentes al primer llamado, se establece la base de dos tercios del valor y a las 11 de ese día se decreta sin base la licitación”.
En esas condiciones, prosiguió el abogado y ex senador nacional de la UCR, “aparece una ignota firma con al sigla R.P.V (o B), que ofreció la suma ridícula de 100 mil pesos por la compra de Motegay y (también) aparece la firma que ya venía explotando la empresa, que es American Export, y ofrece 1.027.000 pesos, es decir 1,76 por ciento del valor de la empresa, según el calculo que hicieron los síndicos”.
El Tribunal aprueba la oferta de American Export, con lo cual según Galván, “afectó a muchos acreedores, entre ellos a nuestros mandantes, que no van a cobrar un solo peso”, agregando que “en los fundamentos de esta resolución dice algo que no encontramos lógica, ni contexto jurídico, ni amparo legal, dice la Cámara que se lo aprobó para defender el trabajo de los empleados, esto está fuera de todo contexto: como puede haber razonabilidad en la degradación que hubo en el valor de la empresa”.
También sostuvo que en la fundamentación de la resolución “se reprocha a los potenciales perdedores porque no han hecho lobby, fíjese lo grave (por que) el lobby de acuerdo al diccionario es un grupo de presión, pretendían que lo acreedores tenían que haber hecho lobby para sacar una sentencia favorable”.
DENUNCIA CONTRA LOS CAMARISTAS
En este contexto recordó que la firma Seguro de Depósitos S.A., cuyo responsable legal es el Federico de Achával, formuló una denuncia penal contra los jueces de la Cámara y los síndicos, donde les “imputan haber violado el artículo 173, inciso 7º, del Código Penal, que se refiere a Administración Fraudulenta, aduce falta de transparencia en el proceder de la Cámara, y obviamente pide la investigación pertinente”.
Haciendo referencia a la participación de Banco Galicia en este proceso, su abogado sostiene que “nosotros entramos en el proceso como querellante particular, nos preparamos para intervenir activamente, pero viene la sorpresa a los tres días, cuando el juez de Instrucción Alfredo Ramos decreta el archivo de las actuaciones. Así se nos ha frustrado el derecho”.
Según Galván esa resolución “está hecha textualmente sobre la base de un dictamen fiscal, y en ese sentido es que el fiscal Luján no cumplió con leyes de suma importancia para el proceso”.
Agregó que “el fiscal para fundamentar, empezó a hurgar en una querella de un ex diputado Cerezo, no ha llamado a un sólo testigo, o a un síndico que por la Ley de Quiebras tiene una enorme responsabilidad”, en tanto que el juez Ramos, para mandar la causa a archivo se fundamentó en que “como los empleados clamaban para que esto termine antes, lo terminamos, y vamos a archivo”.
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